Para nadie es desconocido que El Alto es una de las urbes más inseguras del país, esto debido, entre otras razones, al elevado nivel de pobreza que aún impera en parte de la población alteña, por la gran cantidad de pandillas que cada año absorben a miles de jóvenes y niños marginados por la sociedad, y por la falta de efectivos policiales con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente su trabajo.
Por ejemplo, un reciente estudio elaborado por el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana da cuenta de que el 90% de los 83 módulos policiales que se hallan distribuidos en la segunda urbe más poblada del país no cuenta con celdas para detener a los delincuentes, el 50% carece de vehículos de respaldo, solo dos tienen cámaras de seguridad, ninguno posee dormitorios separados para hombres y mujeres, y mejor ni hablar de servicios de internet y de telefonía.
Y por si todo ello no fuera suficiente, en 34 módulos las conexiones de agua y luz son ilegales, es decir que la institución verde olivo vulnera algunas de las normas que precisamente está llamada a defender. Esta precariedad permite inferir que las condiciones en las que operan los policías de barrio no son precisamente una de las prioridades de las autoridades locales y nacionales responsables del sector, y por ende, tampoco lo es la seguridad ciudadana.
