Cualquiera que esté familiarizado con las investigaciones policiales sobre asesinatos y homicidios, ampliamente difundidas por algunos programas de televisión, sabe que la labor de un instituto forense cualificado resulta esencial para resolver hechos de sangre y evitar al mismo tiempo que personas inocentes sean inculpadas por delitos que no han cometido.
A pesar de esta importante labor, cada cierto tiempo salen a la luz hechos que ponen en relieve el trabajo que desarrolla el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuya eficacia muchas veces varía en función del estrato social o de la visibilidad mediática de la víctima, amén de presentar informes que suelen ser cuestionados por las partes en conflicto y por expertos de otras reparticiones.
Tal es el caso de Sarah Ch., una joven de 18 años cuyos restos fueron encontrados en inmediaciones de un río al que se había dirigido horas antes para lavar ropa. De acuerdo con el certificado forense presentado por una profesional del IDIF (Yesica B.D.), la joven habría muerto por asfixia como consecuencia de un estrangulamiento. Sin embargo, la abogada defensora de la familia de esta joven de escasos recursos ha cuestionado esta conclusión, pues, según señala, el cuello de la muchacha no tiene surco equimótico (marca presente en todo estrangulamiento y que deviene por la presión que ejerce el agresor sobre la piel), pero sí manifiesta un corte profundo, que le habría provocado la muerte por desangramiento. Por otro lado, y en esto coincide con la apreciación de la Defensoría del Pueblo, la joven registra fracturas y hematomas en varias partes del cuerpo que extrañamente no figuran en el informe de autopsia del IDIF. Autopsia que dicho sea de paso se realizó recién tres días después de que se hallara el cuerpo de la muchacha.
Más allá del caso que aquí se comenta, huelga recordar que no es la primera vez que la labor del IDIF es puesta en cuestión. Por ejemplo, en octubre de 2014, especialistas del Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado y de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses publicaron un informe alertando sobre supuestas deficiencias en el IDIF como la ausencia de personal calificado, una infraestructura adecuada y de recursos para la compra de reactivos y el material necesario para realizar las pericias científicas. Asimismo, señalaron que la dependencia de esa institución respecto de la Fiscalía General hace que su labor se torne muy burocrática.
Es de esperar que estos cuestionamientos, que nuevamente salen a la palestra con el asesinato de Sarah Ch., no pasen desapercibidos entre las autoridades responsables de subsanarlos; más aun tomando en cuenta que las pericias y exámenes del IDIF son fundamentales para que los magistrados puedan impartir sentencias de manera objetiva, oportuna e imparcial.
