No es porque seamos gringos, sino porque la “Justicia” en Bolivia es corrupta hasta el tuétano; eso sería, en lenguaje coloquial, lo que un vicecónsul de Estados Unidos en La Paz informó a Washington para justificar la retardación de justicia en el país.
En 1961, Estados Unidos libraba una guerra global contra el comunismo, y con ese pretexto destruía o controlaba a todo gobierno revolucionario. En Bolivia transcurría el tercer periodo del MNR, y el segundo de Víctor Paz Estenssoro. Tanto había derechizado ya Estados Unidos a la revolución boliviana que financiaba la gestión del gobierno de Paz Estenssoro, y a cambio ejercía control de los recursos naturales y en las áreas militar, económica, política, social, educativa y hasta cultural. Bolivia era el prototipo del gobierno títere que estaba a punto de ser presentado al mundo como el ejemplo de la “buena revolución” que Estados Unidos apoyaba, en contraste con la “mala revolución” cubana.
Las milicias civiles que en 1952 reemplazaron al Ejército estaban siendo desarticuladas por fuerzas armadas reconstruidas y adoctrinadas en “seguridad interna” (represión). Las zonas mineras estaban militarizadas, al igual que La Paz y Cochabamba, pero para hacer lo mismo en Santa Cruz, donde no había pretexto alguno, se fraguó un caso de contrabando de armas supuestamente enviadas por Fidel Castro para la milicia del senador socialista Luis Sandóval Morón, líder local de la clase emergente llamada “indeseable” por la oligarquía.
La verdad es que el avión había partido de Miami, tenía matrícula estadounidense y su tripulación también era de EEUU. Las armas jamás aparecieron, pero se hizo la pantomima del “Avión pirata” y se arrestó a la tripulación. Toda la documentación estaba en orden, por lo tanto, la tripulación era inocente de todo cargo, pero Washington, por concretar sus objetivos políticos en Santa Cruz, sacrificó a cuatro ciudadanos estadounidenses, dejándolos tirados en las cárceles de La Paz, a merced de la legendaria corrupción de la Justicia boliviana.
Tres meses después, el Departamento de Estado pidió explicaciones al diplomático estadounidense apostado en La Paz por la lentitud de los juicios. La respuesta fue tan reveladora como vergonzosa para Bolivia. El 27 de octubre de 1961, por medio de la embajada el vicecónsul Samuel Karp informó al Departamento de Estado que, en efecto, los procesos judiciales eran lentos, pero que eso no era por tratarse de gringos, sino porque la “ley” en Bolivia era una mezcolanza de jurisprudencia civil y penal “franco-española” que no aseguraba justicia para el acusado y recargaba de trabajo innecesario a los abogados y a las cortes por el complicado procedimiento administrativo. Sin embargo, agregó, el proceso judicial podía acelerarse si se tuviese disponible el dinero necesario para repartirlo entre la gente apropiada.
Ante la decisión de Washington de no involucrarse en sobornos, Karp decidió organizar una operación encubierta con los agregados militares de la embajada para hacer escapar al piloto William Roy Robinson. Luego escaparon los otros tres. Esta historia demuestra que la Justicia boliviana fue corrupta en el pasado, y si continúa siendo corrupta en el presente, es porque ninguna reforma ha funcionado. Por lo tanto, la única solución sería un cambio de raíz: desde el concepto, la definición de las instituciones, sus funciones, los códigos, los procedimientos y, por supuesto, las penalidades. Sancionar y promulgar ese cambio está en manos del Congreso y del Presidente.
