Aunque todavía no ha sido promulgada ni reglamentada, la nueva Ley de Acceso y Difusión de la Información Pública Municipal, aprobada el martes por el Concejo Municipal de La Paz, es la primera en el país que marca el camino para garantizar la transparencia en la gestión de la cosa pública. Los demás niveles gubernativos tienen ahora un buen ejemplo a imitar.
En efecto, una ley de esta naturaleza garantiza el derecho a la información y la libertad de expresión de la población probablemente más y mejor que la difusión noticiosa o a través de espacios solicitados, pues permite cumplir lo establecido en el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo referido a “buscar” la información además de recibirla y/o difundirla. Entre los principales aspectos a destacar de la nueva norma está el establecimiento de plazos obligatorios que tienen los servidores públicos para responder a las demandas de información que pudieran hacer los ciudadanos. También destaca, por polémica, la excepción que se producirá cuando se trate de información que haya sido calificada como “confidencial en forma previa a la fecha de solicitud”.
Respecto de los plazos, el artículo 16 de la norma señala que toda solicitud “debe ser atendida en un máximo de 30 días hábiles, que podrán ser ampliados por única vez por 10 días con la debida justificación”.
En lo referido a la limitación en el acceso a los datos solicitados, el artículo 20 establece que es confidencial aquella información que hubiese “sido entregada (…) con carácter confidencial”, que se refiera a ‘información personal’ o la que esté ‘protegida por la legislación’”, pero también a “aquella que sea determinada por el Alcalde o por la mayoría absoluta del pleno del Concejo” con base en un informe técnico legal de la unidad que requiera proteger esos datos y un dictamen de un Comité Municipal de Consulta.
La primera en reaccionar a la noticia, específicamente en lo relacionado con la confidencialidad de la información, fue la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que lamentó que se incluyan palabras como “confidencial”, “secreto” y “reserva” en un ámbito local, porque “cualquier funcionario jerárquico podrá arrogarse representación para esconder información al ciudadano”. Aquí yace, pues, el principal reto que afrontará la gestión municipal: asegurar que todos los servidores adopten actitudes y prácticas propias de una institución transparente, pues hasta ahora, aunque no sea una práctica generalizada, hay ocasiones en las que los periodistas son los primeros en afrontar obstáculos informativos en el gobierno local paceño.
Ahora toca esperar que la promulgación, pero sobre todo la reglamentación, que hace operativa la ley, ocurran cuanto antes. A su vez el Gobierno nacional, que tiene un anteproyecto que hasta ahora no ha llegado a la Asamblea, tendrá que apurar sus pasos.
