Días atrás se dio a conocer la elaboración de una norma para regular el ordenamiento territorial del país, que hoy por hoy está organizado con base en dos leyes que no consideran la cualidad plurinacional del Estado, y cuya dualidad tampoco permite resolver de manera efectiva los conflictos limítrofes entre municipios, departamentos y territorios indígenas.
Según explicó el Ministro de Autonomía, el anteproyecto de Ley de Unidades Territoriales, actualmente en proceso de elaboración en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), establecerá un nuevo ordenamiento territorial tomando en cuenta las características del Estado Plurinacional, que reconoce las autonomías indígenas, originarias, campesinas y regionales. Además, la ley prevé regular aspectos como la creación de nuevos municipios.
Se trata ciertamente de una importante norma, cuya promulgación se hace cada vez más urgente; en parte porque hace más de cinco años que 11 municipios decidieron, en referéndum, su conversión a autonomías indígena originario campesinas; y lo propio ocurre con al menos ocho territorios indígena originario campesinos, que manifestaron su decisión de transitar hacia la autonomía.
Pero también porque los conflictos limítrofes entre municipios y regiones departamentales son cada vez más corrientes y complejos (hasta la fecha están en proceso de resolución 41 conflictos de demarcación), y la actual norma que debería solucionarlos (la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales) no está cumpliendo a cabalidad con su función. Esto debido en gran medida a la existencia de otra legislación (la Ley 2150 de Unidades Político Administrativas) que establece sus propios mecanismos para la delimitación de los territorios locales, como se mencionó líneas arriba.
Clara prueba de ello es lo que ocurre actualmente con la sede de gobierno, cuyos vecinos reclaman la jurisdicción de aproximadamente el 60% de su territorio. Este conflicto, además de restarle recursos a la Alcaldía paceña por concepto de impuestos que son pagados en municipios que no corresponden (cerca de Bs 57 millones al año, según estimaciones de la municipalidad), genera graves distorsiones a la hora de brindar servicios municipales, como el recojo de la basura y la instalación y manutención del alumbrado publicado.
Adicionalmente, esta suerte de anomia legislativa es aprovechada por loteadores que buscan apropiarse de áreas verdes y de predios privados, incluso con el beneplácito de algunas de las autoridades locales vecinas.
De allí la importancia de aprobar, cuanto antes, una norma que evite este tipo de abusos e ilegalidades, que van en desmedro del patrimonio privado y público y atentan contra la sustentabilidad de los servicios municipales, y por ende, contra el bienestar de la población.
