Lo sucedido el miércoles en El Alto, donde una marcha de la Federación de Padres de Familia en demanda de mejoras en la infraestructura escolar degeneró en un acto de asedio, toma y vandalización de oficinas municipales en el que seis personas murieron, es un crimen que debe ser ejemplarmente sancionado y es una dura lección que debe ser aprendida.
Varios son los elementos que se combinaron para producir el desgraciado resultado de los señalados seis muertos y al menos 28 personas heridas. En primer lugar, la virulencia de los ataques en contra de la gestión de la Alcaldesa que se han repetido en diversas oportunidades desde el año pasado, y que, según denunció la autoridad municipal, en esta última ocasión estuvo motivada principalmente por la destrucción de documentación que se había recabado para sustentar antiguas y nuevas denuncias de corrupción registradas durante la anterior administración municipal.
A ello debe agregarse el hecho de que estos días se ha vivido un momento de particular crispación política debido al proceso electoral, lo cual explica (pero no justifica) el que se hayan escuchado más declaraciones politizando la tragedia que lamentándose e indignándose por ella.
Asimismo, pesa en el balance la vergonzosa actuación policial, que demuestra una vez más que la institución ignora sistemáticamente su deber constitucional de preservar el orden interno y proteger la seguridad de los habitantes del país. Las declaraciones del Comandante Departamental de la Policía justificando la falta de acción para frenar, si no evitar, el desastre son inadmisibles. Habrá que ver si logra compensar el desastre dando con los verdaderos culpables de la tragedia y entregándolos a la Justicia o si se conforma con los cuatro detenidos del miércoles.
El asunto se muestra más sombrío cuando se considera, además, que los efectivos policiales no gozan del debido respeto por parte de la población. Un poco por la desconfianza en la institución del orden y otro tanto por un estado de creciente anomia social que se percibe en El Alto y en otras ciudades del país, alimentada en gran parte por la polarización política.
Finalmente, y aunque no sea un asunto central, la tragedia se produjo también porque el edificio asediado, al igual que probablemente todas las construcciones alteñas, carece de escaleras u otros medios para la evacuación de emergencia. Es probable que este tipo de consideraciones no exista a la hora de aprobar planos de construcción.
Queda un profundo dolor por las muertes y similar grado de indignación por las causas del desastre. Las autoridades tienen la obligación de aclarar el caso y sobre todo de sancionar a los criminales que causaron la tragedia. La sociedad, por su parte, debe aprender a canalizar de otro modo su enojo con las instituciones.
