Ayer feneció el plazo establecido por el Ministerio de Gobierno para el registro y la entrega voluntaria de armas de fuego en todo el país. Según establece la Ley 400, las personas podrán conservar solo las armas de uso deportivo y de calibres menores, como pistolas, revólveres y rifles de calibre 22, luego de presentar una justificación para su tenencia. El resto deberá ser entregado al Estado. Según estimaciones del Viceministerio de Régimen Interior, en el país existen aproximadamente 7.300 armas de fuego (una cifra que sin embargo, según entendidos en la materia, puede ser muy superior), y hasta el viernes se logró registrar el 41% de estas armas. De allí que se prevé la necesidad de establecer una ampliación.
De todas maneras, además de un nuevo plazo para impulsar un efectivo desarme, las autoridades deberían barajar, por un lado, la eliminación de los aranceles establecidos para este trámite, cuyo costo en algunos casos puede superar el valor de las propias armas. Por otro lado, no sobra recordar que quienes poseen armas de grueso calibre que hoy están vetadas por la Ley 400, en vez de regalárselas al Estado previsiblemente van a preferir venderlas en el mercado negro o conservarlas en la informalidad, más aun tomando en cuenta que los criminales lógicamente no tienen pensado entregar las suyas.
