El 3 de noviembre de 2015 una muchacha de 24 años que caminaba junto a su hijo de dos años en una calle de Cochabamba fue abordada por dos policías de Radio Patrullas 110, Óscar G.L. y Róger R., y según denunció la joven, los efectivos la obligaron a ingresar dentro del carro patrullero donde fue ultrajada frente a su pequeño niño.
Por este hecho ambos patrulleros fueron detenidos preventivamente mientras continúa el debido proceso. Sin embargo, el 2 de marzo, el juez 2° de Instrucción Penal de Quillacollo, Óscar Flores Zeballos, estableció el cese de esta medida, lo que permitió su liberación. Por este motivo, la víctima decidió abandonar su domicilio y su trabajo para buscar refugio en una casa de acogida, pues teme que las amenazas contra su vida y la de su hijo, formuladas no solo por los policías acusados, sino también por la esposa de Óscar G.L, Ana María R. (quien también formaría parte de la institución policial, en concreto de la FELCC), se materialicen.
De más está decir que las fuerzas del orden, cuya idoneidad y razón de ser es puesta nuevamente en relieve por el comportamiento de sus propios miembros, tienen la obligación de garantizar la seguridad de esta joven y la de su niño, amén de asegurarse de que los acusados no gocen de ninguna prerrogativa y mucho menos impunidad frente a la ley.
