Para no creer, el jueves, en este mismo espacio denunciábamos el amedrentamiento de una joven que denunció haber sido violada en noviembre de 2015 por dos policías, y la semana pasada tuvo que abandonar su hogar, en Cochabamba, pues los uniformados, que estaban detenidos preventivamente, fueron liberados y ahora temía por su vida y la de su hijo de dos años, quien había sido testigo del ultraje. Ese mismo día se publicó la noticia de una muchacha que también denunció haber sido ultrajada por tres patrulleros, pero esta vez en Tarija, el de 2 marzo, en circunstancias parecidas.
“Coincidentemente”, un día antes, tres policías habían sido remitidos al penal de San Pedro de Oruro, imputados por la violación de una joven de 19 años, a la que presuntamente drogaron para poder anular su voluntad.
Con estos tres casos ya suman 14 los uniformados que han sido aprehendidos por abusos sexuales en los últimos 12 meses, y mejor ni pensar cuántos más habrán quedado en la impunidad. De todas maneras, ya no se puede hablar de hechos aislados, sino más bien de una conducta delictiva que al parecer se está expandiendo entre varios policías que se sienten con el derecho de utilizar su “autoridad” para saciar sus deseos carnales; un fenómeno que simplemente no se puede tolerar ni tampoco justificar.
