En pocos días, la Policía detuvo a 17 integrantes de la pandilla Cártel Family. Se los buscaba como responsables de la brutal golpiza a una pareja registrada por una cámara de seguridad. El hecho pone en escena el problema de las pandillas, especialmente juveniles, que operan en nuestras ciudades. Y plantea el debate sobre una hoy inexistente legislación al respecto.
Lo que hasta hace unas semanas era un nombre de pandilla conocido por pocos: Cártel Family, se convirtió en tema informativo y de debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y adquirió rostro cuando el Ministerio de Gobierno mostró públicamente a una parte de sus integrantes, que están siendo investigados por la Fiscalía. También se dio cuenta de algunos menores de edad. “No roban por necesidad; salen a golpear sin misericordia, salen a infundir temor”, afirmó el ministro Romero.
El operativo policial contra esta pandilla, forzado por las imágenes de la golpiza y asalto que circularon en las redes sociales, puso reflectores sobre un fenómeno que no es nuevo ni menor. Según el titular de Gobierno, hay aproximadamente 700 pandillas en el país, que se forman y operan al amparo de la impunidad. Algunas de estas pandillas, con sus propios códigos y ritos, son altamente peligrosas. Detrás de ellas hay un historial no solo de violencia, sino también de violaciones e incluso homicidios.
Hay algunas cuestiones que se pusieron en evidencia a propósito del caso Cártel Family. Una es que estos jóvenes que se agrupan para “sentar presencia” y delinquir cuentan a su favor con el desconocimiento (en algunos casos protección) de su entorno familiar, así como con el silencio de sus profesores. El ministro Romero señaló por otra parte que se amparan “en la impunidad que consiguen de algunos fiscales”. Y se evidenció asimismo que no hay suficientes centros para su rehabilitación.
El asunto puso en escena también la cuestión normativa. A propósito de estas pandillas, el titular de Gobierno anunció que su cartera elabora un anteproyecto de ley sobre la delincuencia juvenil. Y que el mismo será puesto a consideración de gobernadores y alcaldes en la próxima cumbre de seguridad ciudadana, en abril. El propósito es contar con respaldo legal a fin de actuar contra las pandillas y, en especial, disminuir la edad de imputabilidad para menores de 16 años. No es tan sencillo.
¿Qué hacer? ¿El fenómeno de las pandillas hubiera sido tema de debate público, y de atención de la Policía y del propio Ministerio de Gobierno si acaso una cámara de seguridad privada no filmaba uno de sus brutales actos de agresión, que además se viralizó en las redes sociales? ¿Bastará priorizar la acción persecutoria de jóvenes pandilleros y aprobar normas en lógica punitiva? ¿Qué hay detrás de cada Cártel Family, que motiva su conformación y ampara sus acciones? Habrá que discutirlo.
