De nueva cuenta algunos pobladores decidieron apelar al bloqueo de carreteras como medida de presión para lograr que las autoridades cumplan algunas de sus demandas. En concreto nos referimos a los afiliados de la Federación de Transporte Interprovincial, quienes interrumpieron el tráfico en las rutas hacia Copacabana y Desaguadero, en demanda de casetas adicionales para su sector en la terminal de El Alto y la destitución del administrador de esas instalaciones.
Huelga recordar que no es la primera vez que este sector se moviliza para alcanzar tales demandas. Ya en 2015 protagonizaron una marcha de protesta que culminó en las puertas de la Gobernación de La Paz para pedir una distribución más “equitativa” de las casetas de la terminal alteña. E incluso el martes tomaron temporalmente ese recinto y retuvieron a algunos funcionarios exigiendo que se les entregue su administración.
Estos incidentes ponen nuevamente en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos establecidos para la resolución pacífica de conflictos entre las autoridades y la población, medida tanto más importante por cuanto son muchos los sectores que han internalizado que la forma más efectiva para lograr algún beneficio de parte del Estado es amenazando los derechos de terceras personas.
