El juez federal argentino Sebastián Casanello desvinculóeste lunes (21 de marzo) a la expresidenta Cristina Fernández de la investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo.
«En este proceso no está involucrada la expresidenta», aseguró el magistrado en declaraciones a radio La Red e insistió en que la causa que puso en marcha investiga «lavado de dinero delictivo» y no connivencias políticas.
El pasado viernes, el financiero argentino Federico Elaskar, implicado en la misma causa, sostuvo en un programa televisivo que Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, es la «lavadora número uno».
Después de que ese mismo día el juez citase a declarar al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, el extitular de la financiera SGI amenazó con «llevarse puesto» (llevarse por delante) a «cualquiera» y aseguró que «media Casa Rosada» (en referencia a la sede de Gobierno argentino y al anterior Ejecutivo) está vinculada con la supuesta red.
Casanello decidió llamar a declarar a Báez por la investigación de una presunta red de lavado de dinero iniciada tras la difusión por televisión de vídeos que muestran a varias personas contando millones de dólares.
Las imágenes datan de 2012 y muestran a Martín Báez, hijo de Lázaro, trasladando en compañía de otros hombres y en bolsas grandes sumas de dólares que son contados por máquinas en la oficina que tenía la financiera SGI en un edificio del selecto barrio capitalino de Puerto Madero, mismo lugar en que Fernández compró dos inmuebles.
«La aparición de los vídeos es una prueba de otro calibre, es la que inmediatamente dispara el llamar a indagatoria», señaló hoy Casanello en una entrevista con Radio Nacional en la que también hizo hincapié en que esta decisión no está relacionada con el cambio de Gobierno «lo más mínimo» ni implica que la causa estuviera parada o fuera «a ritmo cansino».
Si bien Lázaro Báez no aparece en los vídeos difundidos, el fiscal Guillermo Marijuán ya había pedido en 2015 a Casanello indagar tanto a él como a su hijo y al financista Federico Elaskar, entre otros.
La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar afirmó en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
En la causa se investiga si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.
Lázaro Báez, dueño de la firma Austral Construcciones, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz durante el kirchnerismo.
El empresario investigado era un estrecho colaborador del fallecido exgobernador de esa provincia y expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).
Casanello insistió hoy en que desde hace casi tres años su equipo trabaja «sin descanso», tanto con el fiscal como con el juzgado en esta causa, «armando un muy complejo rompecabezas».
«Los jueces no vamos por la calle ni con un revólver evitando los delitos ni vamos haciendo allanamientos sin que previamente un fiscal haya hecho una demanda», apuntó antes de aclarar que cuando recibieron el requerimiento de instrucción por parte de la fiscalía, «a las dos horas» estaban allanando.
El magistrado insistió en que el delito de lavado de dinero es «muy complicado» y que para procesar a los implicados tuvieron que utilizar doctrina y jurisprudencia española.
Además, aclaró que lo primero que hace un juez en una causa de este tipo es verificar en el Registro Nacional de Reincidencia si las personas son sospechosas y tienen condenas previas porque el hecho precedente es clave, ya que «no hay delito de lavado si no hay origen delictivo de esos fondos».
