Son tiempos de ilusión. Sorpresivamente, por más de dos tercios de voto, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para las elecciones judiciales 2023-2024, el mismo que prevé contar con candidatos en 44 días. Y es que algunos milagros suelen ocurrir en agosto, cuando la Pachamama «abre la boca para alimentarse”.
Así las cosas, podemos también soñar con cambios en Cancillería, que conlleven una política exterior con mayor iniciativa. Con el anuncio del presidente Arce sobre la propuesta del actual canciller para ser magistrado en la Comunidad Andina (CAN), se han escuchado diversas voces que propugnan a dos mujeres como firmes opciones para el cambio: la actual ministra de la Presidencia, María Nela Prada y la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia. Escuchar estos nombres como candidatas nos trae la esperanza de unirnos al consorcio regional y mundial de países que han declarado adscribirse a una política exterior feminista.
Cuando Margot Wallström, exministra de Asuntos Exteriores de Suecia, expuso en 2014 que su país adoptaría una política exterior feminista (PEF), su declaración fue recibida entre burlas. En un contexto donde Rusia había anexionado Crimea haciendo saltar las alarmas internacionales, la propuesta de volver a los principios feministas del cuidado de los bienes comunes fue tomada con mucho recelo: ¿podía Vladímir Putin sentirse intimidado por el feminismo sueco?
Pese a la reticencia inicial, un creciente número de Estados han adoptado sus propias (y diversas) versiones de la política exterior feminista. Canadá en 2017, Francia y Luxemburgo en 2019, México en 2020, España en 2021, Alemania, Chile y Argentina en 2023 se han unido a Suecia, repolitizando la igualdad de género en la arena internacional. Esto puede tener una implicancia sustancial en un momento histórico cuando los ataques contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB han ido en aumento, fomentado por líderes populistas de derechas y movimientos ultraconservadores alrededor del mundo.
Ante el riesgo de que estos enunciados solo sean un discurso que utiliza el feminismo como una etiqueta, es necesario establecer unos mínimos que nos permitan entender de qué se habla cuando un país se plantea una política exterior feminista. El componente ético, normativo y transformador del feminismo puede no estar acorde con cómo se definen los intereses nacionales. Según la académica Karin Aggestam, la palabra feminista implicaría una orientación hacia una política exterior más ambiciosa, que busque desafiar las jerarquías de poder existentes en las políticas actuales y en las instituciones. Al poner el foco en el poder, estas políticas serían sensibles a las estructuras de discriminación y opresión que atraviesan la política internacional e interactúan entre sí junto al género, como la etnia, la clase o la ciudadanía; o a las asimetrías Norte-Sur resultantes de procesos históricos como el colonialismo y el imperialismo.
Asimismo, la PEF implicaría la necesidad de ampliar la concepción estatal de la seguridad para incluir otras esferas como la humana o la medioambiental, con un énfasis en la prevención de conflictos y el cuidado de los bienes comunes. Por definición, la PEF busca abrir un proceso inclusivo y colaborativo en el diseño y práctica de la política exterior, más allá de añadir simplemente mujeres en la toma de decisiones de los aparatos estatales.
Todos estos principios son un desafío que el “proceso de cambio”, impulsado por el Gobierno actual, puede asumir desde un nuevo liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este septiembre, cuando la tierra se abre a la siembra, podemos compartir la ilusión de una nueva forma de relacionarnos internacionalmente.
Lourdes Montero es cientista social.
