En las modernas democracias, si bien la legitimidad electoral resulta indispensable, es preciso además poseer auctoritas: la demostración de competencias públicas que se evidencia en las propuestas, desenvolvimiento y resultados del ejercicio del mandato, que generan la aceptación y reconocimiento entre los ciudadanos y que confirman las razones en virtud de las cuales una autoridad fue elegida.
La legitimidad involucra el consenso social que genera un gobierno, la valoración de sus políticas y sus efectos relacionados de manera directa con su capacidad de materializar el bien público; administrando responsablemente los recursos; asumiendo y solucionando los problemas nacionales; mereciendo y conservando el respaldo mayoritario o general de la población.
Cuando la sociedad formula sus mandatos y el gobierno los incumple, cuando éste no satisface las demandas sociales, cuando su conducta incluso causa daños al país, un gobierno se deslegitima, y el pueblo debe y puede ejercer su derecho a exigir rectificaciones, responsabilidades, sanciones y posiblemente revocar el mandato que otorgó.
En el ejercicio de un eventual revocatorio ninguna autoridad debe interponer obstáculos y trabas pretendiendo impedir esa libérrima decisión, tal y como lo sostiene la doctrina democrática, que privilegia la autodeterminación de los pueblos, las libertades políticas, la vigencia y defensa del Estado de derecho y los intereses nacionales superiores, siempre a los de un grupo político o social. Cualquier obstáculo indebido, sustantivo o procedimental con el que se pretenda impedir la decisión popular de revocar un mandato constituiría un acto y conducta antidemocrática prohibida por el derecho nacional e internacional y repudiada por el pueblo.
La legitimidad es exigible, además del Ejecutivo, a todos los otros poderes del Estado, y la misma se evidencia cuando cumplen sus obligaciones y competencias, administrando rectamente el sistema de justicia, garantizando la vigencia de los derechos humanos, sosteniendo el equilibrio institucional de manera autónoma e independiente, garantizando la legalidad y asumiendo el rol que les es propio.
Finalmente, existe una importante relación entre los conceptos de legalidad y de legitimidad. Ambos coinciden cuando la actuación del gobierno se ajusta a las normas y está conforme a la voluntad de la nación. Su conducta debe justificar la fe y la confianza pública que fue depositada para gobernar “según la razón”, tal y como lo expresó Platón, alcanzando el consenso de la sociedad a la cual se debe asegurar el bien común.
