Una de las movilizaciones más contundentes de este año la protagonizaron los transportistas pesados, a muy pocos días del referéndum sobre la modificación de la Constitución: pedían una norma impositiva acorde con las particularidades del sector. No es el único caso, y detrás de ellos está un sistema impositivo que debe ser repensado a la medida del país.
Los gremiales amenazan con movilizaciones desde mañana para, según ellos, desmantelar el sistema tributario vigente. Mientras tanto, aparecen esporádicamente en la prensa notas alertando de diversos casos de excesos en los cobros del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Un profesional que es consultor independiente, que trabaja de manera regular (con horario y todo) en una entidad pública o privada, sin los beneficios de estar incorporado en la planilla, está obligado a descargar facturas únicamente de su rubro, vale decir, equipamiento de oficina, útiles de escritorio y otros; cual si se tratara de una empresa montada para dar servicios. Y a fin de gestión le toca pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. ¿Cuánto de su ingreso le queda realmente para cubrir sus necesidades familiares?
Muchas personas que están en ese tipo de consultorías sufren hoy en día los rigores de un sistema impositivo que claramente está en su contra, pues las autoridades tributarias están desempolvando viejos errores en las declaraciones impositivas y cobrando multas e intereses. Si el error es de larga data, el pago puede fácilmente multiplicar varias veces el monto del impuesto devengado originalmente. Lo mismo pasa con pequeños negocios.
Los problemas no acaban ahí; hace poco se hizo público el caso de una persona que había perdido su cédula años atrás y una estafadora suplantó su nombre para registrar un negocio que nunca pagó impuestos. El SIN quiso apropiarse de la casa de la víctima. Solo la atención mediática logró imponer algo de sensatez en los implacables técnicos de impuestos.
El sistema de impuestos boliviano está hecho para una estructura empresarial estilo suizo. Pero la gran parte de los millones de trabajadores en Bolivia o son autoempleados o son propietarios de negocios unipersonales o familiares, o trabajan como consultores bajo las más diversas formas de asalariamiento encubierto. No importa cómo las autoridades impositivas fuercen los procedimientos, esa estructura económica no genera suficientes ganancias para mantener sus metas de recaudación.
En un contexto de crisis, lo peor que se puede hacer es presionar a los pequeños, pues eso solo empeorará la situación financiera de las mayorías y tendrá repercusiones políticas importantes. Lo sensato sería identificar aquellos bolsones de riqueza que hasta ahora viven y generan beneficios de espaldas al Estado, encubriéndose como micro y pequeños emprendimientos.
