Cada vez son más frecuentes las voces del empresariado boliviano en demanda de medidas gubernamentales que “protejan” a la industria local, frente al abarrotamiento de productos provenientes de países vecinos y de ultramar, cuyos precios están por debajo de los productos nacionales, debido, según dicen, a la devaluación de sus respectivas monedas en relación al verde dólar.
Entre las medidas propuestas por los sectores industriales figuran posibles devaluaciones de la moneda local, incremento de aranceles a ciertos productos seleccionados que se importan y otras acciones pararancelarias de control sanitario e inocuidad. Todas ellas con el fin de frenar el ingreso masivo de artículos que compiten con las manufacturas y los alimentos nacionales.
En el corto plazo, todas estas acciones ciertamente pueden tener un efecto positivo, pero efímero, conteniendo la avalancha de productos que permean las diferentes fronteras del país. Sin embargo, su efectividad quedaría en entredicho en la medida en que las empresas bolivianas no puedan satisfacer con su producción la demanda interna de la población, y que las ineficiencias emergentes de devaluar o incrementar los aranceles se traduzcan en un incremento de precios y en un posible brote inflacionario.
Si existe algo que la historia económica ha demostrado es que estas medidas artificiales no hacen más que ahondar situaciones complejas que requieren de otro tipo de soluciones, más estructurales, relacionadas con la productividad, competitividad e innovación tecnológica del aparato productivo; y que una devaluación o el incremento de un arancel no hace más que desnudar ineficiencias en el sector industrial, así como la pérdida de poder adquisitivo de la población.
En definitiva, no es lo más acertado potenciar el dólar depreciando la moneda local o encareciendo el ingreso de bienes extranjeros con barreras impositivas o de otra índole; más bien, los esfuerzos deberían orientarse a potenciar la industria nacional por medio de incentivos asociados a mejoras tecnológicas en los procesos de producción y la capacitación del capital humano; de tal forma que las mejoras en competitividad sean materiales y sostenibles.
En este marco, la responsabilidad de las autoridades gubernamentales del área productiva radica en ejecutar planes de reconversión tecnológica ahorradora de costos, que permitan a las empresas ofrecer bienes de calidad y a bajo costo, capaces de competir con los productos extranjeros sin la necesidad de un esteroide en forma de devaluación o arancel.
Bajo esta lógica, los responsables de la política nacional salarial deberían reconsiderar los incrementos previstos para 2016, así como el pago del doble aguinaldo, en tanto constituyen costos adicionales que afectan al precio de venta de los productos que al final de la cadena son absorbidos por los consumidores.
