En noviembre de 2015, José Ignacio Orías, de 17 años, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el servicio militar obligatorio, arguyendo que esta actividad fomenta valores contrarios a los que promueve la Carta Magna, como la dominación, la violencia y la cultura de la guerra, entre otros. Cuatro meses después, el Tribunal Constitucional (TCP) rechazó este amparo de objeción calificándolo de “infundado”.
Sin embargo, en esa misma oportunidad también emitió otros dos fallos, uno que establece los 18 años como la edad mínima para cumplir con esta prestación, y otro en el que ordena a la Asamblea elaborar una ley que regule la objeción de conciencia y defina formas alternativas, de corte social, para cumplir con el servicio militar obligatorio, distintas a la permanencia en los cuarteles.
Desde el próximo semestre, con el alistamiento únicamente de conscriptos mayores de 18 años, el Ministerio de Defensa dará cumplimiento a uno de estos fallos, tal como anunció, días atrás, el titular de esa cartera. Asimismo sería deseable que la Asamblea cumpla con igual premura el mandato del TCP, elaborando una ley que establezca alternativas al servicio obligatorio, tanto más necesarias por cuanto la actual formación en los cuarteles contribuye a perpetuar el machismo y la violencia en el país.
