El planeta está viviendo momentos decisivos frente al colapso ambiental al que se enfrenta. La crisis provocada por el calentamiento global ya genera innúmeros problemas sociales, económicos, geopolíticos y ambientales en todo el mundo. De acuerdo con los últimos registros, este año se están superando récords de temperatura en países del hemisferio norte, y en los últimos días también en Sudamérica y Bolivia, lo que afecta la calidad de vida de las personas y su supervivencia. En el ámbito nacional, se han reportado diversos eventos de sequías a principios de año, y se avizora un futuro poco alentador respecto a la cuestión hídrica, lo que se evidencia por la disminución de los reservorios acuíferos en el país.
Esto se suma a la constante amenaza que representa el sector minero dentro de las áreas protegidas, la alta tasa de deforestación y la poca capacidad del Estado para atender desastres naturales, que comenzarán a ser más frecuentes en los próximos años. Ante este escenario, diferentes países del mundo han visto la necesidad de generar políticas que permitan aplicar medidas efectivas de adaptación y mitigación. En el contexto regional, México, Brasil y más recientemente Chile han establecido políticas nacionales de cambio climático, mientras que otros como Argentina (2019) y Perú (2022) han declarado emergencia climática a nivel nacional; de la misma forma, lo han hecho ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia.
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En Bolivia se ha impulsado desde la sociedad civil una agenda de movilización con el objetivo de impulsar estas consignas y las acciones que deben acompañarlas. En 2022, el Estado Plurinacional de Bolivia actualizó sus compromisos climáticos internacionales (llamados NDC) para el periodo 2021-2030, lo que ha permitido trazar un nuevo marco de acción principalmente en los llamados sectores estratégicos del país: agua, energía, agricultura y bosques.
En ese sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil están promoviendo una propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, que parta del reconocimiento que no estamos preparados para enfrentar los impactos que se avizoran y permita articular los esfuerzos nacionales y subnacionales para responder a estos desafíos latentes. Los objetivos que persigue esta propuesta son: promover la declaración de emergencia climática a nivel nacional, implementar planes de acción inmediatos dentro de los sectores estratégicos e instituir y reforzar capacidades que permitan canalizar recursos tanto nacionales como internacionales dirigidos a fortalecer la respuesta nacional frente a la emergencia climática, entendiendo que este último punto representa el principal obstáculo para implementar medidas efectivas e inmediatas de adaptación y mitigación.
La propuesta presenta —además de las estructuras políticas y técnicas competentes— instancias compuestas por organizaciones de base de la sociedad civil, lo que garantiza la participación directa en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones propuestas, generando así un marco de gobernanza climática.
Las y los jóvenes ocupan un rol cada vez más importante frente a la crisis climática. Ejemplo de eso ha sido el hito alcanzado en diciembre pasado en Montreal, donde el movimiento juvenil mundial logró incluir consignas como el enfoque basado en los derechos humanos y la equidad intergeneracional dentro del establecimiento del nuevo marco global de biodiversidad de Naciones Unidas. En Bolivia, la historia no es diferente. El pasado junio, en un encuentro nacional con participación de más 50 organizaciones de todo el país, la juventud boliviana se ha declarado en emergencia climática permanente.
Vivimos momentos decisivos, y la consolidación de una política climática sólida es fundamental para alcanzar estas metas que hoy se encuentran muy contrastadas y alejadas de la realidad nacional. Ojalá las autoridades estén a la altura de las circunstancias que representa el actual desafío civilizatorio y del que la sociedad (especialmente los jóvenes) están firmemente comprometidos en dar los pasos necesarios para evitar el colapso ambiental.
(*) Juan Orgaz es biólogo y Dafne Rivera es ingeniera ambiental, ambos son del Movimiento Propacha
