Semanas atrás, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés) dio una primicia mundial al anunciar la filtración de la base de datos de Mossack Fonseca (Mossfon), un bufete de abogados especializado en servicios financieros offshore. La base de datos completa, incluyendo nombres de empresas y personas bolivianas, fue difundida el lunes.
Especialistas financieros, periodistas y autoridades de gobierno coinciden en que esta es la filtración más grande de la historia, cuya proporción equivale a más de 200 veces el tamaño de los documentos hechos públicos por WikiLeaks. Especialistas y medios bolivianos interesados encontraron prontamente que había en Bolivia ramificaciones de las operaciones de la firma panameña Mossfon.
Sin embargo, debido a la estrategia de difusión escalonada de la información, la ICIJ inicialmente mantuvo en suspenso el detalle de una gran parte de los archivos. Autoridades bolivianas, tal vez sin conocer cómo opera el periodismo de investigación, intentaron, infructuosamente, obtener información de la ICIJ a través de notas oficiales.
El lunes, la ICIJ puso a disposición del público los nombres de las empresas creadas por Mossfon así como los nombres de los titulares de las mismas. Esta información permitió descubrir a decenas de empresarios y políticos bolivianos que fungen como propietarios de firmas que operan en paraísos fiscales. Aun así, falta conocer una importante cantidad de involucrados, pues al revisar los registros publicados por la ICIJ para Bolivia, muchas compañías tienen sus acciones a nombre del portador, lo cual esconde la identidad de quienes refugiaron su dinero en paraísos fiscales. En todo caso, ya se sabe que los intermediarios de estas operaciones financieras son un puñado de bufetes de abogados bolivianos.
En esencia, establecer una compañía en un paraíso fiscal no es ilegal; sin embargo, la vasta experiencia mundial sobre el tema indica que las operaciones financieras en los paraísos fiscales son funcionales a la evasión fiscal, a la fuga de capitales, al blanqueo de dinero y al financiamiento del terrorismo.
La legalidad de estas operaciones financieras a la sombra depende de la legislación de cada país. Al no contar con una armonización legislativa global sobre este tema (similar, por ejemplo, a los acuerdos de Basilea para la banca), lo que es ilegal en un país puede ser legal en otro.
Corresponde a las autoridades nacionales determinar hasta qué punto el establecimiento de empresas offshore se ha realizado para burlar la legislación nacional, lo cual se puede lograr luego de una rigurosa investigación.
El Gobierno ya anunció un esquema para indagar a profundidad las causas y consecuencias del traslado de dinero de empresarios nacionales hacia paraísos fiscales. La población está pendiente del desenlace de esta trama.
