El inicio de huelga de hambre, el traslado del campamento a cercanías de la plaza Murillo y la adhesión de grupos ciudadanos son algunas de las nuevas medidas de la protesta de personas con discapacidad. La Policía detuvo a cinco manifestantes.
Grupos de vecinos, universitarios y la agrupación ciudadana “Otra izquierda es posible” marcharon ayer en apoyo a las personas con discapacidad, quienes llevan cinco días en la sede de gobierno demandando una renta mensual de Bs 500.
Después de pasar la segunda noche a la intemperie en inmediaciones de la plaza Murillo, los movilizados fueron sorprendidos con la llegada de apoyo ciudadano y una clase de economía en la calle que les mostró una fórmula que permitirá al Gobierno otorgar la renta durante 10 años.
El dirigente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, David Cayo, informó que más temprano llegó al lugar el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, para pedirle entablar el diálogo. Cayo le pidió una invitación formal para la reunión, pero la respuesta nunca llegó.
Cerca del mediodía, un grupo de discapacitados intentó nuevamente ingresar a la plaza Murillo tratando de tumbar las vallas con sogas. Los manifestantes echaron orín a los policías y encendieron una fogata en la calle Junín e Indaburo. Los efectivos respondieron con chorros de agua acumulados en ollas y botellas. Al tratar de obtener imágenes del hecho, el fotógrafo de Página Siete, Álvaro Valero, subió al edificio del Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde un funcionario lo golpeó en la cabeza e insultó, según denunció.
Demanda. Las personas con discapacidad marcharon durante 35 días de Cochabamba a La Paz pidiendo una renta mensual de Bs 500. Sin embargo, el Gobierno aseguró varias veces que es inviable. Mientras este sector protestaba, otra dirigencia de discapacitados, que no participa de las movilizaciones, consensuó y firmó un acuerdo de 42 puntos con un grupo de ministros. El grupo de Cayo desconoció este convenio.
Previamente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se identificó a más infiltrados de la oposición y gente de la línea trotskista, a quienes acusó de desgastar al Gobierno con hechos de violencia y provocar heridos. Agregó que dos personas fueron remitidas al Ministerio Público por daño a la propiedad pública.
Producto de los enfrentamientos durante los dos últimos días, la Policía detuvo a cinco manifestantes: en la primera fueron dos, uno de ellos con discapacidad y el otro es un estudiante de 18 años; ayer fueron tres universitarios de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
El Ministerio de Gobierno aseguró en un comunicado que los “agitadores infiltrados” agredieron a los policías con palos y fuego, y echaron pintura roja para falsear la presencia de heridos. Los familiares de los últimos tres detenidos denunciaron que el Gobierno castiga a los que apoyan a los discapacitados.
Álex Collarana, dirigente del sector movilizado, comunicó que junto con tres personas instalaron el primer piquete de huelga de hambre. “Es una medida contra el acuerdo firmado con falsos dirigentes y para que la gente esté atenta porque la Policía nos quiere intervenir”. La vigilia de la plaza San Francisco fue trasladada a la calle Junín e Indaburo. Ellos fueron apoyados por voluntarios para llevar colchones.
Detienen a sordo como un ‘infiltrado’ de la marcha
Jhonny Hurtado, quien fue detenido acusado de ser “infiltrado”, ‘falso policía’ y por haberse movilizado con el rostro cubierto tiene su carnet de discapacitado sensorial, él es sordo. El joven participó de la marcha de 35 días, desde Cochabamba hasta La Paz.
La versión fue confirmada por Juana Orbe, representante de Pando. La Razón constató durante la cobertura de la marcha en carretera que Hurtado es sordo. Él recibía contribuciones de transportistas en una lata y en casi todo el trayecto tenía el rostro cubierto.
“(…) Este ciudadano que se hizo pasar por policía y que estuvo en los actos vandálicos está detenido y la Justicia determinará su situación”, dijo el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Agregó que Joaquín Limachi, otro discapacitado detenido por agredir con su muleta a un policía y luego liberado, no tiene ninguna discapacidad, pero cobra una renta. “Engaña al Estado, se lo investiga”.
Economistas idean fórmula para el bono
Aleja Cuevas
En una clase al aire libre sobre economía, dos analistas explicaron a los discapacitados de la vigilia una fórmula para obtener recursos para el bono mensual de Bs 500. El Ministerio de Economía calificó la estrategia de insostenible.
El economista Gonzalo Chávez propuso utilizar el 0,65% de los $us 60.000 millones que el Gobierno destinará al Plan de la Agenda Patriótica 2025. El monto es menos del 1%, es decir, $us 390 millones, para financiar por 10 años la renta mensual para al menos 20.000 personas, quienes actualmente reciben el bono anual de Bs 1.000.
Este cálculo fue descrito ayer a las personas con discapacidad que protestan en inmediaciones de la plaza Murillo. “Ésta no es la única propuesta, se trata de sentarse a negociar. Hay decenas de ideas, pero ese hecho de que el Estado no tiene plata no existe, lo que no tiene son ideas”, sostuvo Chávez.
El segundo economista, Alberto Bonadona, coincidió con Chávez y resaltó que al Gobierno no le falta recursos, sino voluntad política. Hizo énfasis en que el Estado debe destinar los montos que son gastados “insulsamente”.
Al respecto, el ministro de Economía, Luis Arce, calificó de insostenible el plan. “Ellos mismos están reconociendo que solo alcanza para 10 años y ésa no es la idea”. Reiteró que el Gobierno plantea soluciones integrales al problema, y no así “planteamientos paliativos”. “Debe tratarse de economistas de corte neoliberal”, apuntó el ministro Arce.
