El 29 de abril, el Pentágono anunció que no va a presentar cargos contra los militares estadounidenses responsables de bombardear en octubre de 2015 un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Afganistán, ataque que causó 42 muertos y decenas de fallecidos. Esta noticia llegó precedida de otra más lamentable, el bombardeo de otro centro médico de MSF un día antes, en Siria.
En esta nueva tragedia, que ocurrió el 28 de abril en Alepo, fallecieron al menos 27 personas, entre ellas tres niños y tres doctores, entre los cuales se encontraba “el último pediatra” que quedaba en la zona rebelde de esa ciudad siria devastada por la guerra civil, según señaló a la prensa el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El ataque fue atribuido al régimen de Damasco y a sus aliados rusos, pues son los únicos que cuentan con una aviación de combate en el conflicto.
Ambos casos fueron calificados por los voceros de la organización internacional como flagrantes vulneraciones a las Convenciones de Ginebra, establecidas para proteger a civiles en conflictos armados, incluyendo pacientes, trabajadores médicos e instalaciones. De allí que gracias a estas convenciones el bombardeo de un hospital hoy es considerado como un crimen de guerra. Sin embargo, el Pentágono, a través del responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo (el general Joseph L. Votel), negó que la destrucción del centro médico en la ciudad de Kunduz fuese un crimen de guerra, por cuanto no se trató de un ataque “deliberado”.
Según señaló Votel en una conferencia de prensa, el bombardeo contra el hospital de MSF ejecutado por la aviación estadounidense se debió a una combinación de errores “humanos, de proceso y equipamiento; razón por la cual el Pentágono decidió no presentar cargos judiciales contra los responsables del incidente, pero impuso sanciones leves a 16 militares. Por otro lado, EEUU indemnizó a las familias de los fallecidos y se comprometió a contribuir en la reconstrucción del hospital.
De todas maneras esta determinación fue duramente cuestionada por MSF, sobre todo porque la ubicación exacta del hospital bombardeado había sido informada con antelación a las autoridades afganas y estadounidenses. Y también porque a pesar de las reiteradas llamadas de personal de la ONG a funcionarios estadounidenses en Kabul y Washington para que detuvieran el ataque, un avión norteamericano bombardeó durante 30 minutos el centro médico sin contemplación alguna.
Tomando en cuenta estos antecedentes, ciertamente las sanciones anunciadas por Washington “están fuera de proporción con la destrucción de una instalación médica protegida”, y la falta de una rendición de cuentas constituye un pésimo precedente para evitar “futuras violaciones de las reglas de la guerra”, como bien ha señalado, a través de un comunicado, la organización médica de ayuda humanitaria.
