En una sociedad en la que el Estado no ha sido capaz de aplacar las desigualdades sociales, los excluidos se distinguen fácilmente de los incluidos. Teóricamente se asume que la exclusión se revela por las desigualdades salariales y de ingreso, las cuales desvelan una especie de círculo vicioso de la pobreza porque constituyen la causa y la consecuencia de las desigualdades. Sin embargo, la exclusión tiene que ver con un amplio conjunto de factores relacionados no solo con el ingreso, sino también con las privaciones políticas y sociales.
Ello explica por qué determinados sectores que alcanzan cierto protagonismo político superan su rezago económico o por qué quienes gozan de privilegios económicos buscan incidir en la gestión de la cosa pública para cabildear a favor de sus intereses. Nuestro país ha estado determinado históricamente por esta dinámica, por lo que habría que repensar si las diferencias raciales constituyen nuestro más grave lastre y no la pobreza y la desigualdad. Esto porque, según los estudiosos, a diferencia de otros factores causantes de fragmentación social, la exclusión no es inevitable porque es resultado de procesos sociales.
Según el informe El nuevo rostro de Bolivia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el crecimiento del PIB que permitió un incremento en los ingresos laborales en la última década provocó una leve reducción de la desigualdad, beneficiando sobre todo a las áreas urbanas. Es decir, el campo continuaría siendo el principal ámbito de reproducción de la pobreza; pero en el caso de las ciudades, la brecha entre ingresos laborales se habría ahondado notoriamente. Porque el sector informal seguiría siendo el principal generador de empleo, tanto que en términos generales incluiría al 70% de la población, pero en condiciones de suma precariedad.
Es decir, siete de cada 10 personas no accederían a los beneficios del incremento salarial ni a las políticas de beneficio social fundadas en el empleo asegurado; ello sin mencionar el fenómeno del outsourcing (subcontratación o tercerización) y del trabajo temporal. De ahí que, como el informe señala, solo el 19% de los ocupados en las principales ciudades del país aportaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), lo que avizoraría una grave desventaja para la población adulta.
Sobre la base de esa distinción, si bien las políticas sociales basadas en la asignación de bonos supondrían un auxilio económico para una familia cuyos integrantes se dedicarían al comercio informal, el efecto no sería el mismo para el caso de una familia cuyos integrantes serían empleados públicos. Pero lo más grave es que, según el informe del PNUD, el proceso de cambio que vive el país habría estado acompañado por un incremento de la población joven en el mercado laboral, cuyo proceso de internación sería inestable, lo que quiere decir que ese potencial se vendría desperdiciando. Jóvenes buscando trabajo o empleándose como pueden evidenciaría la más grave contradicción de este proceso.
Ello sin reparar en el hecho de que el fenómeno de la marginación incluye tanto aspectos objetivos como subjetivos no relacionados únicamente con el bienestar individual, sino también con el entorno, respecto de los cuales el informe del PNUD dice demasiado. A falta de modernización productiva, en el orden estructural, este informe clama además por el diseño de políticas públicas que aminoren la exclusión social. Sin embargo, como se ha señalado para el caso de los países latinoamericanos, la pobreza de los grupos excluidos es histórica y éstos sufren desventajas acumulativas, por lo que el combate de la exclusión no dependería únicamente de políticas de protección social, sino también de políticas a corto plazo que sean capaces de dejar de condenar a los excluidos a la pobreza.
