El reciente encuentro entre el Gobierno y el empresariado boliviano permite albergar esperanzas respecto a la articulación de esfuerzos entre los actores económicos del país para poder encarar, con mayor prestancia, los posibles embates de la desaceleración económica que la mayoría de las naciones de la región están atravesando, con pronósticos poco alentadores a corto plazo.
Los acuerdos son necesarios y deberán partir de un consenso respecto a cómo potenciar el desarrollo productivo del país. Además, no se puede concebir un proceso acelerado de industrialización si no existen las condiciones materiales y legales necesarias que sean el soporte del cambio en la matriz productiva nacional.
Al respecto, no cabe duda de que el primer punto de la agenda debiera ser la preservación del mercado interno, que durante el periodo de bonanza se saturó de productos externos, en virtud a la devaluación que ejecutaron los países vecinos para alcanzar una mayor competitividad, si bien artificial, también efectiva; y con ello los centros de abasto del país se han inundado de mercaderías foráneas, particularmente manufacturas y alimentos, que ingresaron a territorio boliviano principalmente vía contrabando, un mal crónico que socava toda iniciativa privada orientada a la transformación y generación de valor agregado.
Un segundo aspecto se circunscribe a la seguridad jurídica que debe brindar el Estado para atraer nuevas inversiones, ya que, en la medida en que no se asegure el capital invertido, será muy difícil que el empresariado esté dispuesto a asumir mayores riesgos. Para ello debe quedar meridianamente claro el proceso de conciliación y arbitraje ante controversias que pudiesen surgir en el relacionamiento Estado-privados al momento de suscribir e implementar contratos para la prestación de servicios y la entrega de bienes.
Un tercer elemento asociado a la competitividad empresarial se relaciona con los costos de producción. Por los incrementos salariales mayores a la inflación y bonificaciones adicionales como el doble aguinaldo, la remuneración laboral se ha constituido en un peso significativo que no siempre puede ser traspasado al consumidor final, lo que merma la rentabilidad del capital y consecuentemente desalienta la inversión. Este puede ser un buen momento para impulsar una política salarial que premie la tecnificación del capital humano.
Finalmente, urge evaluar la presión tributaria a la que están expuestas las empresas, así como también considerar incentivos tributarios para las nuevas inversiones, más aún si el capital es intensivo en empleo. El canal del diálogo se encuentra abierto y con muestras de buena voluntad entre las partes para llegar a acuerdos que finalmente beneficien a la población con nuevas fuentes de trabajo y al país, con un desarrollo que trascienda el rentismo en el que hoy se encuentra.
