Las inocultables restricciones externas están dando lugar a ciertas respuestas de política económica que afectan de manera desigual el desempeño de las actividades productivas en el país. Entre ellas me interesa hacer referencia especial a las medidas destinadas a reducir las importaciones de ciertos productos que compiten con la producción local. La protección de la actividad productiva interna es plausible en general y mucho más aún cuando forma parte de una estrategia global de transformación productiva, administrada mediante una batería coherente de herramientas de política económica.
Distinto es el caso, en cambio, cuando las disposiciones gubernamentales tienen un carácter coyuntural, obedecen a la presión de ciertos intereses particulares o resultan ineficaces incluso para su objetivo más estrecho, porque no obedecen a una interpretación acertada de la coyuntura y sus proyecciones.
El déficit comercial del país obedece, en primer lugar, a la severa reducción de las exportaciones, pero asimismo al crecimiento de las importaciones, alentadas por la apreciación relativa del tipo de cambio con respecto a los países vecinos. Las medidas arancelarias son ineficaces para enfrentar dicha situación en nuestro país, debido a que el contrabando está instalado como un poderoso sector social con fuerza política. Cuanto más altas las barreras arancelarias, más lucrativo resulta el negocio de las cadenas de contrabandistas, que operan por diversas fronteras y a diferentes escalas de organización.
El contrabando que compite con la producción nacional, real y potencial es en primer término un problema de índole estructural, que se explica por las grandes brechas de productividad entre Bolivia y los países vecinos. Se suma a eso el enorme predominio de las actividades comerciales en comparación con las del sector industrial, que nunca se ha beneficiado de una estrategia efectiva de promoción a largo plazo. El comercio, en cambio, ha evolucionado de manera espontánea en el contexto del patrón de desarrollo primario-exportador.
Ocurre, sin embargo, que la arquitectura del parque productivo ya no es adecuada para promover crecimiento robusto mediante la especialización internacional en recursos naturales no renovables. De aquí deriva claramente la necesidad de emprender más temprano que tarde un viraje en la orientación central de la política económica. Para comenzar habría que apuntar a que las medidas de corto plazo para enfrentar la nueva situación macroeconómica formen parte de un enfoque mayor de política industrial a mediano y largo plazo.
Como es sabido, el país carece de una estrategia de transformación productiva que abarque de manera explícita a las industrias manufactureras, que en un país como Bolivia constituyen el sector con mayor potencial para generar crecimiento sostenido, vertebración sectorial y regional, empleo decente y uso reproductivo de las divisas. Esta no es por cierto una aserción doctrinal, obedece a un análisis de las estructuras económicas, sociales y geopolíticas nacionales, así como al examen de las principales tendencias que impulsan las mutaciones en curso de la economía mundial y sus proyecciones sobre las economías sudamericanas.
Sin una interpretación desapasionada de las tendencias internacionales, no es posible construir una visión acertada de las potencialidades económicas del país a largo plazo. Lo que se requiere en primer lugar es debatir sobre dicha visión. Después vendrá la discusión de las estrategias y políticas pertinentes, así como del papel deseable de los distintos actores públicos y privados, que ciertamente no son los mismos para todas las industrias. De la promoción entusiasta en cambio del emprendedurismo en abstracto no resultará nunca un nuevo patrón de desarrollo.
