Mañana se inicia la Cumbre de Justicia en Sucre, con la misión de trazar lineamientos que contribuyan a resolver los males estructurales de los que adolece el sistema judicial del país. No se trata de una tarea sencilla, tomando en cuenta que son varias las artistas que han hecho que la Justicia esté al servicio no de la población, sino del dinero y de grupos de poder
Por ejemplo, el hecho de que se tenga que pagar elevadas sumas para poder costear los gastos judiciales constituye una de las principales razones que impide el acceso a una Justicia pronta, gratuita y equitativa en el país. Este fenómeno da lugar a la existencia de ciudadanos de primera, aquellos que pueden pagar por ejercer sus derechos, y de segunda, aquellos que no lo pueden hacer, y por consiguiente terminan tras las rejas por hechos que no han cometido o por más tiempo del que correspondería.
Otro factor es la retardación, que deviene por la excesiva carga procesal que existe en los juzgados del país, pero también y sobre todo por la existencia de magistrados sin vocación ni interés por la pronta justicia que se limitan a celebrar audiencias y a enviar tras las rejas a los acusados de manera preventiva, a pesar de que esta figura legal debería ser utilizada de manera extraordinaria, y no como actualmente ocurre.
Respecto a la excesiva carga procesal, huelga señalar que en el país existen apenas 1.004 juzgados y que solamente durante 2015 se atendieron cerca de 625.000 procesos en total (396.000 nuevos casos, y el resto de gestiones pasadas). Es decir que cada juzgado tiene que atender en promedio 622 procesos al año, y resulta sencillamente imposible resolver todos los casos en los plazos que señala la ley y con el debido análisis. No sobra recordar que estas carencias devienen porque apenas se destina el 0,56% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento del sistema judicial, un monto a todas luces insuficiente para garantizar eficiencia y transparencia en los procesos. Además, el hecho de que el Órgano Judicial dependa económicamente del Ejecutivo impide la existencia de una independencia efectiva en la Justicia.
A pesar de estas limitaciones económicas en el ámbito judicial, de acuerdo con estimaciones del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, actualmente existen cerca de 40.000 profesionales en Derecho, y aproximadamente 150.000 estudiantes están siguiendo sus pasos en las universidades públicas y privadas del país. Esto sin contar a los falsos juristas que ejercen de manera ilegal la abogacía.
Todos estos factores han dado lugar a la creación de una suerte de superestructura en la Justicia que funciona con base en la extorsión, a través de consorcios de jueces, fiscales y abogados especializados en lograr fallos según las posibilidades financieras del cliente, y que la cumbre de mañana está llamada a reformular.
