El domingo comentábamos en este mismo espacio sobre la demanda que Chile planteó ante la CIJ para que declare a las aguas del Silala como un “río” internacional y se respeten sus “derechos” para usar los recursos hídricos “de forma equitativa”. La acción no generó un apoyo unívoco en el vecino país, aunque tensionó aún más las ya maltrechas relaciones con La Paz.
Horas antes de que el Gobierno chileno materialice su demanda, Mariano Fernández, el nuevo representante de esa nación ante el Vaticano, aseguró en una entrevista con El Mercurio que “el diálogo político” con Bolivia había terminado; y agregó que las conversaciones de ahora en adelante se establecen entre abogados.
Si bien la postura de Fernández estuvo orientada a la demanda marítima boliviana, que también se tramita en la Corte Internacional de Justicia, era ya un toque de alerta de un nuevo litigio, aunque también la ratificación de la política chilena fundada en “la razón de Estado” que provocó la oprobiosa Guerra del Pacífico (1879-1883), el génesis de un largo conflicto que ha frenado los procesos de integración en una de las zonas más ricas en recursos naturales del orbe.
Volviendo a la demanda chilena por el Silala, en el escrito que el lunes 6 de junio entregó Chile en el Palacio de la Paz de La Haya (Holanda) se le pide a la CIJ que incluya a las “aguas subterráneas” en el supuesto sistema del “río Silala”, sobre la base de la convención sobre el uso de aguas internacionales con fines distintos a la navegación, que entró en vigencia en 2014, y plantea la exigencia de que Bolivia “notifique” sobre los usos o posibles afectaciones ambientales en el presunto curso superior del caudal. Y asegura que “tiene derecho” al uso equitativo de esas aguas.
Los conceptos de derecho, justicia y ecuanimidad han estado ajenos al lenguaje de Chile en los últimos años. Resulta contradictorio que justo cuando las autoridades del vecino país enarbolan estos principios, en los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta se vulneran incluso los derechos humanos de bolivianos que se vinculan con los mercados de ultramar. En efecto, restricciones al libre tránsito y otras vulneraciones se han incrementado a pesar de los reclamos del país. El vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, cree que por efecto de la demanda marítima que instauró el país en 2013 y que el solo anuncio del presidente Evo Morales de acudir a la CIJ para reclamar la plena potestad sobre los manantiales del Silala han endurecido las condiciones para los bolivianos en los puertos del Pacífico.
Sin embargo, ciudadanos chilenos también han reclamado equidad para acceder a los recursos naturales y los servicios básicos. Al final, el agua que por canales artificiales llega a Chile es destinada a faenas industriales y mineras. Estos recursos hídricos no benefician a la población. Así va la demanda chilena, sin cohesión visible y contradicciones sociales.
