Días atrás se masificó la noticia de la muerte de dos estudiantes universitarias de la carrera de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Según datos oficiales, en enero de 2012 Verónica Chino, entonces de 22 años, se suicidó, ahorcándose de un árbol en la localidad de Luribay (provincia Loayza del departamento de La Paz); a donde había ido para realizar prácticas universitarias. Sin embargo, el informe forense identificó lesiones que no pudieron ser ocasionadas por ella misma, así como un presunto abuso sexual. Un segundo caso data de hace dos meses. El 17 de abril Lily Limachi, de 23 años, fue encontrada muerta en la localidad de Anquioma-Chicani, donde también se había trasladado para realizar un trabajo de campo, con cortes en sus muñecas, “como si ella hubiera tratado de quitarse la vida”, según señala el informe oficial de la Policía. No obstante, al igual que en el caso anterior su cuerpo registraba signos de violencia y abuso sexual. Escuché las declaraciones de una conocida abogada, quien afirma que habría hasta cinco casos con muertes similares y en la misma facultad.
Llama mucho la atención el silencio de las autoridades de la Facultad de Agronomía respecto a estas muertes, incluso se ha denunciado obstaculización en la investigación por parte de docentes, estudiantes y autoridades de esa facultad. Precisamos que nos expliquen, ¿qué ha pasado con los hechos? ¿Cómo, cuándo y en qué lugares se realizan los trabajos de campo en Agronomía? ¿Quiénes son los responsables de estas investigaciones?, en fin. Al menos algún comunicado oficial sería una señal de que están en contra de estos actos delincuenciales. La Facultad de Agronomía hace tiempo que debería haberse constituido en parte querellante ante sucesos tan graves como son la muerte de dos compañeras. El silencio siempre lleva a la sospecha de que los que callan estarían involucrados en los hechos delictivos.
Por otra parte, resulta encomiable que el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, haya decidido sumarse a quienes impulsan la reapertura del proceso para esclarecer el caso de Chino y sancionar a los culpables de ambos crímenes horrendos.
Como docente de la UMSA, siempre me he preguntado cómo impulsar la investigación entre los estudiantes. Pocas veces he recibido apoyo institucional para las actividades de investigación de trabajo de campo. Por lo dicho, casi no existe la categoría de docente-investigador, como ocurre en muchas otras universidades de otros países. Sé que los institutos de investigación son los encargados de generar políticas en esta área, y de llevar adelante actividades concretas, pero eso en términos formales. En la realidad, y particularmente en los institutos de la Facultad de Ciencias Sociales, no existen políticas específicas, como la de generar necesidades y temas para la investigación de una determinada coyuntura, en fin. Tampoco existe la voluntad de suscribir convenios con comunidades, municipios, gobernaciones, ministerios del Estado u organizaciones sociales del país. Ante este panorama, cada profesor busca la manera de hacer investigación, porque es necesario que los alumnos tengan contacto directo con la realidad. En esta tarea, que es más de entusiasmo investigativo que institucional, hay muchas dificultades, ante la falta de políticas claras de investigación académica, que brinden además garantías mínimas para la seguridad de nuestros jóvenes y, sobre todo, de las mujeres, en diferentes lugares del país.
Uka Facultad Agronomía ukanxa janjamakiwa suma irnaqawi utjkiti. Pa kullaka yatiqirinakawa jiwataki uñstxi. ¿Khitinakasa ukhan jiwayapxi…? Agronomía jupanakawa qhanstayañapa, ¿khitinakas uka tawaqunakaru jiwayapxatayna? Muspañjamawa, ¿janicha ukhama? ac
