La reforma intelectual y moral ha sido planteada en varias coyunturas anteriores, en cuanto consigna sintética de las transformaciones sociopolíticas necesarias para superar las diversas crisis que caracterizaban el respectivo momento histórico.
A comienzos de la década pasada, varias personalidades plantearon la reforma intelectual y moral como una necesidad imperiosa de la época.
Con diversos matices y variantes, se suponía que la Asamblea Constituyente representaba la oportunidad propicia para articular el proceso de cambios institucionales, de reemplazo de creencias y costumbres arraigadas, así como de democratización social y el relevo de las élites dominantes. El proceso constituyente abarcaría la etapa preparatoria, el funcionamiento mismo de la Asamblea Constituyente y la etapa de su desarrollo legal e institucional. Se pensaba en un proceso prolongado y una conducción esclarecida.
Lo que ha ocurrido en realidad en los pasados diez años solo tiene un parecido lejano con las aspiraciones que se abrigaron antes de que se instalara la Asamblea Constituyente en Sucre. La nueva Constitución Política del Estado aprobada por el referéndum de 2009 no constituye ciertamente el pacto político fundamental de los bolivianos, destinado a fundar las bases institucionales de la convivencia democrática de todos los ciudadanos, con iguales derechos y deberes y sin discriminación de ninguna índole. El texto legal resultante de una trayectoria de deliberaciones incompletas, imposiciones abusivas y negociaciones entre las fuerzas políticas parlamentarias nació plagado de inconsistencias, contradicciones y fraseos confusos, imposibles de enderezar mediante la legislación de desarrollo y la interpretación constitucional subsiguientes.
Lo que debió expresar el diseño político-institucional de un proyecto de país cualitativamente superior a la República previa (o si se quiere al Estado del 52) contiene imperfecciones y defectos de origen, amplificados con la deplorable administración política y judicial, pero, sobre todo, agravados por la debilidad de las entidades encargadas de gestionar el desarrollo constitucional en sus diversos aspectos, lo que debe atribuirse en buena medida al hecho de que esta tarea ha sido subordinada a la consolidación del proyecto de poder liderado por Evo Morales.
En los años pasados han ocurrido ciertamente mejoras en la situación social y la participación política y económica de grupos anteriormente excluidos, pero eso no hubiera sido posible sin el respaldo proporcionado por la excepcional bonanza externa. No es eso, sin embargo, lo que está en discusión. El cuestionamiento de la situación imperante se refiere, en cambio, a la inocultable crisis institucional y a la degradación moral que ha acompañado los logros redistributivos.
La deriva autoritaria se puede ilustrar fácilmente con ejemplos como el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero; la manera en que se atropellan los derechos de medios de comunicación, periodistas y profesionales que opinan sobre los escándalos que proliferan en el país; el encarcelamiento arbitrario de personas y las amenazas que se vierten sobre los que se atrevan a opinar críticamente sobre la situación nacional.
En 2005 se sabía con cierta precisión en qué consistía la reforma intelectual y moral que se proponía, su orientación general y sus contenidos esenciales. Ahora, en cambio, las cosas ya no están tan claras, porque sin duda algunos aspectos de la consigna se han incorporado en la letra de la Constitución Política del Estado, pero la gestión del proceso ha rematado en una nueva crisis, que exige volver a debatir los alcances de un cambio de los parámetros éticos de la gestión del poder, así como de los valores que han aflorado a lo largo y ancho de la sociedad.
