Según alerta el último reportaje de Informe La Razón, publicado el lunes anterior, la comercialización ilegal de coca goza de muy buena salud en la región, pues, además de la hoja excedentaria que se produce en el país, el arbusto llega de contrabando a Bolivia procedente de Perú en grandes cantidades, y desde aquí se traslada a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
De acuerdo con la investigación realizada por periodistas de este diario, el departamento de Puno constituye la principal puerta de entrada de la coca ilegal a Bolivia. Desde allí, grupos conformados por súbditos peruanos y bolivianos emplean al menos 10 rutas para ingresar a territorio nacional a través de siete municipios fronterizos: Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco, en el departamento de La Paz; y Cobija, Filadelfia, y Puerto Gonzalo Moreno, en Pando.
Las autoridades policiales de Puno explicaron a La Razón que los contrabandistas cuentan con el apoyo de los pobladores, quienes muchas veces intervienen en los operativos, agrediendo a los uniformados con piedras y palos, lo que dificulta grandemente su labor. A pesar de ello, cada año se decomisan aproximadamente 200 toneladas del arbusto desviadas ilegalmente.
Respecto a la forma de internación de la coca peruana a Bolivia, los contrabandistas utilizan diversos métodos. Por ejemplo, aprovechando la extensa frontera entre ambos países, se abren senderos alejados de los controles policiales, a través de los cuales se transportan pequeñas cantidades de coca con animales de carga o a pie (contrabando hormiga). Otra manera es burlando los controles fronterizos, ocultando la hoja, que previamente es comprimida, en bolsas de yute, cajas o en compartimientos de vehículos de alto y bajo tonelaje acondicionados para tal efecto. En esta red participan pequeños y grandes minoristas, quienes cuentan con vehículos, galpones, casas y tiendas para acopiar y distribuir su mercadería.
Como es de suponer, la mayor parte de esta coca se destina a la producción de cocaína, cuyo tráfico conlleva terribles consecuencias para la sociedad, tales como ajustes de cuentas; violencia; delitos vinculados a la prostitución, la trata y tráfico de personas, y corrupción generalizada, que terminan desestructurando el tejido social. Y es que este negocio no solo promueve la expectativa de acumular riqueza en corto plazo y sin mucho esfuerzo, sino que además tiene una gran facilidad para mimetizarse en negocios “lícitos” que terminan involucrando a grandes sectores de la población, siendo la de escasos recursos la más expuesta a engrosar las filas del narcotráfico, como una estrategia de supervivencia.
De allí la importancia de atacar este problema desde diferentes flancos, con planes integrales a corto, mediano y a largo plazo, orientados a reducir los factores de riesgo como la pobreza y la exclusión.
