La tía Pascuala siempre fue avispada. Cuando se empecinaba con algo, no cesaba hasta conseguir su cometido. Alguna vez incluso intentó tumbar la vieja puerta de roble que nos separaba de ella y así quebrar los más sagrados preceptos del descanso dominical, con el fin de interpelar al pueblo para saber la verdad. Ese fue su legado, que aún perdura entre los que tuvimos la enorme dicha de conocerla. Su memoria retoma mi presente tras enterarme de la negativa de una autoridad nacional de entregar una información que de ninguna manera puede considerarse como un “secreto de Estado” que afecte a la integridad nacional.
Se sabe, porque es un secreto a voces, que en el Ejecutivo y en otras reparticiones gubernamentales los mandamases deciden discrecionalmente qué información merece ser publicada y cuál no.
Cuán útil hubiera sido la Pascuala en este caso. No permitiría, de ninguna manera, que la autoridad en cuestión se atreva a violar flagrantemente la norma que garantiza el derecho de “todas las personas” al acceso a la información, un precepto fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Lo dice la ley.
El artículo 106 de la Carta Magna estipula que “el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”. Sin embargo, en la práctica hay una constante y preocupante desobediencia al mandato constitucional. Más aún cuando la premisa gubernamental de lucha contra la corrupción que propugna el actual Gobierno tiene la misión de fortalecer la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información en todas sus reparticiones.
Asimismo, no se puede explicar por qué las oficinas de comunicación no cumplen con su rol fundamental: comunicar. Pues en lugar de tender lazos entre las inalcanzables autoridades estatales y el pueblo a través de los medios de comunicación, tienen la premisa de que mientras menos se sepa, “es más mejor” bajo el mandato de un tenaz álter ego.
No obstante, existen marcadas excepciones, como toda aguja en un pajar, de dignos representantes del Estado que cumplen plenamente sus funciones como servidoras y servidores públicos.
El Ministerio de Transparencia tiene tuición sobre este asunto. Por tanto, tiene la difícil misión de hacer cumplir lo que el texto constitucional manda. ¿O acaso peca de omisión?
Claro, la tía Pascuala no está más entre nosotros, pero seguro a estas alturas estaría exigiendo —no en debates, sino en puertas de todas las entidades estatales— el compromiso serio de las autoridades de “transparentar” sus actuaciones. Ay, Dios tata. Claro está que no es una regla.
