Transcurridas seis semanas de la Cumbre Nacional de Justicia, y tras el necesario silencio evaluativo, urge impulsar un trabajo concertado y serio para lograr el anhelado e impostergable “profundo cambio”. Una buena señal es que la Asamblea Legislativa Plurinacional reanudará sesiones con el tratamiento de reformas a la Ley del Órgano Judicial, pero ello no es suficiente.
Hay acuerdo nacional en el diagnóstico acerca de la crisis terminal del sistema de administración de justicia en el país. Males antiguos como la retardación de justicia, la corrupción en los juzgados, la mala formación de abogados, el pavoroso triángulo policía-fiscales-jueces, la injusticia generalizada, en fin, en lugar de haber registrado mejoras, tendieron a agravarse en la última década. La anunciada “revolución en la Justicia”, anunciada por el Gobierno en más de una ocasión, no llegó todavía.
Lo propio ocurre con los profundos cambios adoptados en la Constitución Política en el marco del proceso de transformación del Estado. La inédita y avanzada elección directa, por voto popular, de las autoridades jurisdiccionales tuvo una primera experiencia fallida. Las leyes orgánicas y otros ajustes relacionados con el Órgano Judicial tampoco mejoraron las cosas. E incluso hay retroceso en el principio constitucional del pluralismo jurídico, vulnerado por la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
¿Qué hacer? La Cumbre Nacional de Justicia, precedida por cumbres departamentales, tenía precisamente el objetivo de trazar una ruta crítica para impulsar la necesaria agenda de cambios en el sector. Y así lo hizo en sus seis mesas de trabajo, cuyas conclusiones afirmaron principios y delinearon tareas de corto y mediano plazo. Claro que también hubo diferentes visiones e innecesarios ruidos, como el fantasma de un nuevo referéndum para la reelección o la propuesta de cadena perpetua.
Lo que parece evidente es que el amplio catálogo de tareas y desafíos asumidos en la cumbre para lograr la “refundación del sistema de justicia a partir de la descolonización, la despatriarcalización, la interculturalidad, la complementariedad (…) y la supremacía del bien común” requiere acciones perentorias. Una de ellas, aparentemente sencilla, es la cuidadosa reforma de la normativa vigente. Las otras acciones son más complejas, pues tienen que ver con temas estructurales y de cultura.
Entre los temas concretos, que serán muy simbólicos acerca del rumbo y seriedad del cambio, está la próxima elección de autoridades jurisdiccionales, prevista para octubre de 2017. Aquí el desafío es muy claro: reafirmado el mecanismo constitucional de votación popular, el gran debate tiene que ver con un nuevo reglamento para la fase de preselección en la Asamblea Legislativa, a fin de garantizar que las y los mejores postulantes tengan la posibilidad de ser elegidos. Corre cuenta regresiva.
