Días atrás, en Santa Cruz de la Sierra una marcha organizada por instituciones religiosas cobró inusitada notoriedad no solo por el tema que la inspiró, sino también por el debate público que provocó en las redes sociales y, sobre todo, por el mensaje que dejó: hay un importante apoyo a intentos de imponer temas religiosos por encima de las razones de Estado.
En efecto, la marcha buscaba manifestar público rechazo a la Ley 807, de Identidad de Género, cuyo único objetivo es “establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad”. El Servicio de Registro Cívico (Sereci) ya anunció que comenzará a aplicar la ley en julio.
La marcha aglutinó a iglesias cristianas protestantes alrededor de sectores de la Iglesia Católica, en una suerte de actitud ecuménica poco frecuente en el país. El problema con la marcha —que no es más que el ejercicio de derechos tales como las libertades de pensamiento y de expresión— es que su objetivo tiene poco que ver con el contenido de la ley y más con el tema amplio de la diversidad sexual.
Los argumentos esgrimidos por los organizadores incluyeron explicaciones que afirman que la sociedad boliviana no está preparada; que se trata de proteger a las familias “de la ideología de género”; que se busca proteger a la “familia natural”; que se trató de un “cabildo moral” —en alusión a otro de los entes convocantes: el Comité Cívico pro Santa Cruz—; y, finalmente, que la diversidad sexual engendra delitos y crímenes, amén de permitir que el resto de la sociedad sea obligada a adoptar prácticas homosexuales. Fue triste ver en algunos medios de comunicación a niños y adolescentes que participaron de la marcha reconociendo que no sabían el motivo de la movilización y que asistieron obligados por las autoridades de sus colegios.
Previsiblemente, el debate se extendió a las redes sociales (los medios de comunicación tradicionales ofrecieron información, en algunos casos sesgada, sobre el evento, pero casi nada de discusión y análisis), donde se demostró que los argumentos arriba señalados, y otros similares, carecían de profundidad real y, sobre todo, que la mentada ley no hace más que, como se señala arriba, habilitar un trámite meramente administrativo —antes era judicial, y muy costoso en tiempo y dinero— que permite a un grupo minoritario acceder a sus derechos constitucionales.
Lo verdaderamente preocupante es la pedagogía de intolerancia que están transmitiendo estos grupos, pues, en la forma y en el contenido, sus discursos muestran una alarmante intolerancia que, está visto, se extiende con gran facilidad a otros miembros de la sociedad, y eso solo abona la tensión política y tiende a agravarse con el tiempo, a menos que se haga algo para transformar esa actitud.
