En el primer semestre de 2016, al menos 122 bienes de dominio público (predios ediles; áreas verdes; espacios de preservación forestal, paisajística, natural, y que no estaban urbanizados, entre otros) fueron avasallados tan solo en el Macrodistrito Sur de La Paz. Detrás de estos hechos se encuentran grupos organizados que usan diversos métodos para apropiarse de terrenos ajenos.
Las autoridades municipales de la sede de gobierno afirman que estos grupos, generalmente clanes familiares, alegan ser comunarios, nietos o bisnietos de los “legítimos” dueños, y contratan a decenas de personas para, armados con palos y piedras, apropiarse de los predios. Una vez en su poder, para consumar el despojo o comercializar los terrenos a terceros, comienzan a edificar viviendas y utilizan chicanearías legales como inscribirlos en otras municipalidades que se prestan a estos ilícitos.
Pese a que el Código Penal ya sancionaba este tipo de delitos con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel (Art. 151), el 30 de diciembre de 2013 se promulgó una nueva norma (la Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras) que endurece las penas de tres a ocho años de presidio.
Sin embargo, tal endurecimiento no ha contribuido a reducir el número de avasallamientos, tanto de predios urbanos como rurales. Por ejemplo, en 2014, según estimaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la producción agrícola de Santa Cruz se redujo en 8,7% respecto a la gestión anterior. Esto debido en parte a la sequía, pero también por el gran número de haciendas que han sido usurpadas sin que se castigue a los culpables o se restituya las tierras a legítimos dueños.
Y es que antes que penas más duras hace falta que la Justicia sancione a quienes cometen delitos de esta naturaleza, asegurándose de que estos hechos no queden en la impunidad; así como también que las fuerzas del orden cumplan con su deber, deteniendo a los avasalladores y brindando seguridad a los predios en riesgo, cosa que hoy por hoy no ocurre.
No es poco lo que está en juego. Además del esfuerzo de mucha gente que trabaja durante años para poder adquirir una vivienda o consolidar un negocio agrícola propio, los avasallamientos, tanto de terrenos privados como municipales, constituyen un atentado contra la calidad de vida de la población, cuyo bienestar depende en gran medida de poder vivir en urbes saludables y adecuadamente planificadas, con áreas verdes y espacios de esparcimiento. Pero también constituyen una amenaza contra el desarrollo de todos los bolivianos, por cuanto los avasallamientos afectan la imagen del país, desincentivando el cultivo de nuevos campos, así como la llegada de capital y tecnología para mejorar la productividad de la agricultura y del resto de los sectores de la economía.
