En su reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) desplegada en el referéndum constitucional del 21 de febrero en Bolivia, la OEA alerta sobre el acceso a los medios de comunicación, la inequidad en la campaña electoral y la necesidad de una nueva norma para las organizaciones políticas. Son temas fundamentales en democracia, temas de agenda.
La primera constatación de la misión tiene que ver con la ausencia de financiamiento público directo. Ello implica que todos los gastos de las campañas electorales, tanto en espacios públicos como, en especial, en medios de comunicación, son financiados exclusivamente con recursos privados. Esto es así desde 2008, cuando una ley, a iniciativa del Gobierno, eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos. En criterio de la OEA, esta situación “representa riesgos de inequidad”.
El otro aspecto subrayado es la inexistencia de una regulación específica para garantizar el acceso equitativo a los medios de comunicación. En el caso del referéndum, las campañas son desarrolladas en medios por los impulsores de las opciones en consulta: Sí y No. La misión no hace referencia a la propaganda electoral gratuita en medios estatales prevista en la Ley del Régimen Electoral. Tampoco menciona los límites máximos, las prohibiciones ni los plazos de difusión.
¿Cómo resolver estos temas de inequidad en las campañas por ausencia de financiamiento público y regulación especial? La MOE/OEA reiteró en su informe una recomendación realizada hace dos años: discutir una Ley de Organizaciones Políticas “que aborde el tema del acceso a medios de comunicación de manera incluyente y el financiamiento de campañas con el fin de mejorar las condiciones de competencia”. La misión plantea también respetar la potestad del Órgano Electoral para reglamentar en la materia.
Pero el informe de la OEA también se ocupa del contenido de las campañas electorales. Luego de reconocer que no hubo restricciones de ningún tipo, advierte que esta libertad (de expresión) “fue empleada en muchos casos para realizar ataques personales e incrementar el tono negativo de las campañas, en especial en las redes sociales digitales”. Así, no fue posible realizar ningún debate de fondo sobre el tema de la consulta. Como ya se dijo, en el referéndum de febrero primó la guerra sucia.
¿Se debe reponer el financiamiento público directo para las campañas electorales? ¿Debe regularse el acceso a los medios de comunicación en los procesos electorales y de referéndum? ¿Cómo impulsar el debate público y limitar la propaganda negativa? Estas cuestiones, que son recurrentes en la reflexión sobre la calidad de la democracia, forman parte de la agenda de reforma normativa pendiente en el país. Habrá que asumirlo pronto, antes de que se inicie la prematura campaña electoral de los comicios de 2019.
