Después de varios intentos, pareciera que en el horizonte se vislumbra el tan anhelado pacto fiscal, que en sí representa el espacio para el logro de un magno acuerdo entre el Gobierno central, gobernaciones departamentales y municipios respecto a la generación y mejor distribución de los recursos públicos que garanticen al país un desarrollo sustentable a largo plazo.
Se ha logrado un primer resultado, el de sentar en una mesa de diálogo a las autoridades políticas de todos los niveles gubernamentales del Estado, que ahora tienen la responsabilidad de debatir para definir las bases de asignación de los recursos públicos con base en las competencias de las diferentes entidades territoriales, a partir de criterios de equidad, solidaridad y realidad diferenciada de cada región o municipio.
Sin embargo, el éxito de un pacto fiscal idóneo radica en la capacidad que tengan los actuales actores en identificar nuevas fuentes de ingresos fiscales, que financien de manera sostenible los compromisos que se puedan alcanzar; y ello parte de la capacidad que tengan en visualizar de manera colectiva una Bolivia capaz de trascender su naturaleza rentista y extractivista a la que está sujeta desde los albores de su independencia.
Asimismo, la definición de necesidades de inversión y gasto público deben circunscribirse en un ejercicio permanente de consulta social con un fuerte énfasis territorial. En este ámbito las autoridades municipales, regionales y nacionales se constituyen en portavoces y gestores de las demandas emergentes de la misma población, transitando de esta manera hacia autonomías regionales, responsables de impulsar el proceso de desarrollo y progreso local. El pacto fiscal va más allá de trozar “el pastel” y lograr la mejor “tajada” para una u otra región; debe ser entendido como el espacio para construir de manera propositiva nuevas opciones de agrandar el pastel con nuevas y más innovadoras recetas, sin esperar que caiga maná del cielo o brote algún recurso natural de las entrañas de la Madre Tierra.
Para este cometido no es suficiente la voluntad política de quienes coyunturalmente representan a los bolivianos como autoridades nacionales, regionales o locales; sino que requiere de buena fe y generosidad para saber ceder, conciliar y tolerar. Lo evidente es que no todos piensan y actúan de manera simétrica, esto debido a que las coyunturas y realidades en cada espacio geográfico son diferentes y el reto radica en encontrar una respuesta a cada problemática en función a la idiosincrasia propia de cada espacio territorial. El camino por transitar es largo; sin embargo, debe quedar claro, de inicio, que ninguna de las partes se puede atribuir la verdad absoluta, sino que el éxito para alcanzar un pacto fiscal competente y equitativo es la sinergia de todas las propuestas y la supresión de las mezquindades.
