Desde la madrugada del miércoles, miles de cooperativistas han bloqueado varias carreteras del país, dejando incomunicados a siete departamentos como una medida de presión supuestamente en demanda de la derogación de una norma que modifica la Ley General de Cooperativas, y que según ellos les niega el derecho a sindicalizarse. Sin embargo, como bien explicó el Ministro de Gobierno, el bloqueo en realidad constituye una suerte de chantaje para añadir varias prerrogativas en favor de su sector en el nuevo Código Minero, entre las que se encuentra la posibilidad de “alquilar” los yacimientos que el Estado les concede a empresas transnacionales. Es decir, buscan beneficiarse de los recursos de todos los bolivianos sin siquiera trabajarlos.
Para tal efecto, los cooperativistas no solo están vulnerando el derecho del resto de los ciudadanos a transitar libremente, con todos los prejuicios que los bloqueos conllevan, sino también están cometiendo otros reprochables delitos, como agredir y secuestrar a decenas de policías; amén de utilizarlos como “moneda de canje” para liberar a sus compañeros aprehendidos. Es de esperar que el Gobierno no ceda ante este chantaje cooperativista, pero también que sancione los delitos antes señalados. De lo contrario, quedaría el pésimo precedente de que el Estado de derecho puede ser vulnerado sin mayores consecuencias.
