El 2016 ya es uno de los años más dramáticos por los incendios forestales que acabaron con miles de hectáreas de bosque. Si a este cuadro se suma la sequía y el alza de las temperaturas, estamos ante un cuadro que, más allá de las reflexiones en ámbitos ciudadanos y del Gobierno, debería impulsarse acciones concretas desde las administraciones regionales.
Visto de este modo, las prioridades de las gobernaciones y municipalidades tienen el reto de incorporar la temática ambiental con mayor entusiasmo. Con una mirada más estratégica, el tema, por cierto concurrente para todos los niveles de gobierno, puede fácilmente formar parte del debate del pacto fiscal.
¿Qué medidas estructurales podría asumir Santa Cruz, líder de las regiones productivas del país, para evitar daños provocados por los chaqueos, incendios forestales y la deforestación? ¿Qué se puede hacer en Cochabamba, el departamento más golpeado por el fuego y la sequía? ¿El Alto está en condiciones de elaborar una política de largo plazo para enfrentar la contaminación que afecta al Titicaca y que daña al turismo? ¿Qué opciones tiene La Paz para detener la polución? Así, existen miles de problemas estructurales que pasan por el asunto ambiental y que por ahora no aparecen en la agenda pública.
