En las últimas semanas ha vuelto al debate la necesidad de una nueva normativa para las organizaciones políticas. El supuesto es que la aún vigente Ley de Partidos Políticos, de 1999 (promulgada por el gobierno de Banzer), es anacrónica respecto al actual proceso político e institucional en el país. Parece haber llegado la hora de abordar esta asignatura pendiente.
Uno de los principios esenciales en democracia es que las entidades titulares de la representación política (los partidos) sean en sí mismas democráticas. Se espera también, entre otras cosas, que tengan vida orgánica estable, mecanismos de deliberación y decisión, principios sólidos, bases programáticas, rendición de cuentas claras y renovación de liderazgos. Es fundamental asimismo que las diferentes organizaciones políticas, en un marco de pluralismo, configuren un sistema institucionalizado.
Desde la difícil transición democrática a principios de los ochenta, hasta el período definido como de “crisis, inflexión y cambio” (2000-2005), hubo en el país un sistema de partidos políticos de pluralismo moderado, cobijado en la convergencia entre democracia representativa y neoliberalismo. Luego de varios gobiernos de coalición, dicho sistema entró en crisis y se desmoronó. Hoy, el paisaje partidario y las pautas de competencia electoral son distintos. Como lo es la propia democracia.
En tal escenario, caracterizado por un sistema de partido predominante (el gobernante MAS) y débiles fuerzas de oposición, es evidente la necesidad de repensar el lugar que ocupan las organizaciones políticas. Para empezar, resulta necesario que estén a tono con el proceso de refundación del Estado, que es plurinacional y autonómico. Y es ineludible contar con partidos estructurados no solo para competir en elecciones, sino que gestionen la democracia intercultural. No es poca cosa.
Ése es precisamente el sentido de avanzar en una nueva legislación para las organizaciones políticas en el país. El propósito es que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas tengan reglas claras para su conformación y funcionamiento. Deben garantizarse también mecanismos para la elección de sus dirigencias y candidaturas. Y por supuesto se requieren normas que aseguren fiscalización, transparencia, control social y rendición de cuentas.
Tal la magnitud del desafío en torno a esta impostergable materia. Por ello, resulta encomiable que el tema esté en la agenda pública y permita debatir cuestiones nodales para la democracia como la institucionalización y fortalecimiento de las organizaciones políticas, las bases de su desempeño, mecanismos de democracia interna, pautas de la representación política, financiamiento público y procedimientos para la resolución de controversias. La nueva Ley de Organizaciones Políticas es, pues, un imperativo democrático.
