Niños entrenados en el manejo de armas automáticas, morteros, explosivos, granadas e incluso con habilidades para ensamblar bombas de cilindros de gas y sembrar campos minados; o menores usados como escudos humanos y contratados a sueldo para asesinar guerrilleros… no se trata de historias de una película de ciencia ficción, sino, el resultado de la participación, por un lado, de niños en fuerzas paramilitares de derecha para atacar a la guerrilla y, por otro, la creación de un artilugio revolucionario por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el reclutamiento de menores de edad desde 1975 hasta 2014 para comprometerlos en acciones armadas.
Hace una semana, las FARC entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja a los primeros 13 niños que combatían en sus filas, como parte del acuerdo sellado en La Habana entre esa facción y el gobierno de Juan Manuel Santos. Una acción destacable, pero insuficiente, para enmendar una deuda histórica de casi 40 años con unos 11.000 niños (de acuerdo con Human Rigths Watch) que lucharon en una guerra de adultos por intereses políticos e ideológicos también de adultos.
¿Pero cómo se repara el daño emocional de pequeños que, sin entender el porqué del conflicto, “juegan” con AK-47 a ser héroes contra la artillería pesada del Ejército colombiano? ¿Cómo se reinserta a la sociedad a niños que escaparon del abuso físico y sexual que padecían en sus hogares para buscar la protección de una facción que solamente los entrenó para asesinar, torturar, mutilar y ser partícipes de ejecuciones de figuras públicas?
¿A qué grado de deshumanización hemos llegado, al extremo de que contratamos a niños para asesinar guerrilleros, usamos menores de edad para tareas de Inteligencia, e incluso permitimos que sean testigos de torturas y atrocidades? ¿Qué clase de “revolución” utiliza el tema de la desmovilización de menores para obtener condiciones favorables en las negociaciones o lograr réditos políticos, como la obtención de curules?
Tanto el Gobierno de Colombia como las FARC tienen la responsabilidad de impedir que este proceso de reincorporación de niños excombatientes fracase, así como sucedió en Burundi, Sudáfrica o Liberia. La principal tarea será garantizar la seguridad de los menores desvinculados y restablecerles sus derechos. De lo contrario, los estarían condenando a caer en conductas violentas o, peor aún, en las garras de grupos delincuenciales organizados. Toda guerra tiene un costo, pero en este conflicto armado el precio fue muy alto: cortaron las alas de decenas de miles de niños y niñas.
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