El miércoles, después de cuatro años de negociaciones en La Habana, el Gobierno de Colombia y las FARC llegaron a un acuerdo de paz definitivo, lo que constituye un primer y fundamental paso para poner fin al conflicto armado más largo de la región, que tras 52 años de lucha ha provocado al menos 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6 millones de desplazados.
Este histórico acuerdo de 200 páginas, que debe ser aprobado por el Congreso y luego refrendado por los colombianos en un plebiscito programado para el 2 de octubre, no se limita únicamente al cese bilateral del fuego entre las partes en conflicto, sino que además contempla varios otros puntos relacionados con la sociedad y el Estado cafetalero.
Por ejemplo, uno de los capítulos estipula la implementación de una reforma que modifique las condiciones en las zonas rurales del país, de tal manera que se cierren “las brechas entre el campo y la ciudad” para impedir que el conflicto se repita. Para tal efecto se prevé impulsar una distribución equitativa de la tierra en favor de los campesinos menos favorecidos, junto a programas de desarrollo con enfoque territorial en los sectores más necesitados que garanticen la seguridad alimentaria.
El punto dedicado a la participación política prevé impulsar una nueva “apertura democrática” que promueva la inclusión de nuevas voces y nuevos proyectos políticos, entre ellos el de la propia FARC, que dejará de ser una guerrilla para convertirse en una organización política.
En otro de los acápites, tanto el Gobierno como los representantes de la guerrilla se comprometen a contribuir “con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones” a solucionar el problema de las drogas ilícitas.
El capítulo 5 desarrolla el punto más complejo del acuerdo: la delicada cuestión de la justicia que debe aplicarse a quienes intervinieron en el devastador conflicto, así como los modos de reparación a las miles de víctimas que éste ha producido. Para tal efecto se contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes acepten y reconozcan su responsabilidad con penas de hasta ocho años de cárcel, y otro para quienes no la acepten o lo hagan tardíamente, con sanciones de hasta 20 años de presidio.
Finalmente, con el apoyo de las Naciones Unidas, en el acuerdo se establece la creación de una comisión integrada por representantes del Gobierno y de las FARC que será la encargada de ejecutar el proceso del cese el fuego y de hostilidades, así como la entrega de armas de parte de la guerrilla.
En suma, este documento constituye no solo una hoja de ruta, sino también y sobre todo un trascendental avance, que permite albergar la esperanza de que el conflicto armado más prolongado de la región finalmente se encamina de manera irreversible a la ansiada resolución definitiva.
