Bolivia es un país con índices de feminicidio absolutamente espantosos”, dice la representante interina de ONU Mujeres en el país, y la realidad no la desmiente: solo entre enero y mediados de octubre de este año 86 mujeres han muerto a manos de hombres. Las movilizaciones en contra de estos crímenes fueron muchas, pero no basta con eso para evitar que sucedan.
En efecto, según las estadísticas oficiales del Ministerio Público, 74 mujeres perdieron la vida a manos de feminicidas; según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, hasta el miércoles 26 de octubre la cifra llegaba a 86, es decir prácticamente una mujer asesinada cada tres días. La recomendación que hace la autoridad de ONU Mujeres es declarar alerta nacional contra la violencia hacia las mujeres. “Creo que hemos llegado a un nivel en el que deberíamos pensar en llamar a los feminicidios una situación de extrema emergencia, así como existen emergencias donde hay una gran cantidad de fallecidos debido a problemas climatológicos”, afirma la oficial de Naciones Unidas, quien agrega que la situación del país en términos de mujeres asesinadas es similar a la de algunos países centroamericanos, con la diferencia de que Bolivia no tiene el historial de violencia de aquéllos.
La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) establece en su Art. 37 que es posible declarar emergencia cuando “se registre un alto índice de delitos contra la vida, la libertad y la integridad física, psicológica o sexual de las mujeres en un territorio determinado” o cuando “se detecte un ámbito especial en el que se reporten casos de violencia contra (ellas) y que, como consecuencia, impida el ejercicio pleno de sus derechos”.
La instancia nacional llamada a tomar esa decisión es el Ministerio de Justicia, pero también está previsto que gobernaciones y gobiernos municipales hagan la declaratoria para sus respectivas jurisdicciones. En cualquier caso, corresponde a la cartera de Justicia crear de manera inmediata una comisión técnica interinstitucional y multidisciplinaria encargada de hacer seguimiento a los trabajos que correspondan, incluyendo, dice la norma, “con carácter intensivo acciones de prevención, atención y protección para afrontar y reducir los casos de violencia”.
La sugerencia de la jefa de ONU Mujeres al respecto no es la primera. Ya en 2014 el Defensor del Pueblo de entonces pidió al Gobierno nacional la declaratoria de emergencia, y un año después a las gobernaciones de Santa Cruz, Pando y Oruro. No sobra recordar que no fue tomado en cuenta.
Urge, pues, encontrar respuestas viables a la situación que hoy se vive. Tarde o temprano las marchas dejarán de ser útiles y entonces corresponderá demandar formalmente al Estado, en todos sus niveles gubernativos, por no hacer su trabajo evitando que más mujeres mueran.
