La Organización de Estados Americanos (OEA) afronta una aguda crisis: días atrás sus miembros han aprobado el presupuesto para 2017 aplicando un recorte de casi $us 11 millones al monto aprobado para este año. Pero la crisis no es solamente financiera, sino que también desde ya hace tiempo que la legitimidad del órgano interamericano está cuestionada.
ÇEn efecto, el último día de octubre una Asamblea General Extraordinaria fue el escenario para aprobar un presupuesto de $us 73,5 millones, frente a los $us 84,3 millones que autorizaron para financiar la organización durante 2016. Agencias noticiosas informaron que el recorte se debe en parte al retraso de varios países, entre ellos Venezuela y Brasil, en el pago de sus cuotas, así como a las diferencias entre los Estados miembros respecto de qué áreas deben ser prioritarias para la organización. En la misma sesión, los representantes de los países mantuvieron un intenso debate sobre el aumento preliminar del 3% en las cuotas de cada uno de los Estados miembros, que está incluido en el presupuesto, y que supondrá un aporte de aproximadamente $us 4 millones más a la organización, una idea a la que se opusieron en la sesión Venezuela, Brasil y Canadá.
El presupuesto dedica $us 2,7 millones a la Secretaría General, otros $us 12 millones a la oficina del Secretario General Adjunto (de la que dependen numerosos mecanismos administrativos) y unos $us 3,3 millones a actividades de fortalecimiento de la democracia, entre ellas la observación electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dos órganos de crucial importancia para el continente y que meses atrás hicieron notar que estaban a punto de colapsar por la falta de recursos, recibieron, entre ambos, poco más de $us 8 millones, cifra ligeramente superior a la asignada para este año, pero menos de la mitad de lo solicitado.
Coincide con el mal momento económico las críticas a la conducción del organismo, actualmente a cargo del excanciller de Uruguay Luis Almagro, a quien algunos países han acusado de practicar una injerencia indebida, lo cual ha mermado significativamente la confianza en las actuaciones del organismo multilateral. Con todo, la crisis tampoco es atribuible al actual Secretario General del organismo, prueba de ello es la creación, hace ya varios años, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), hoy también convertida en escenario de disputas por su conducción.
Atraviesa, pues, la OEA por un muy mal momento, y parece poco probable que en breve vaya a mejorar el estado de cosas. Los países se muestran cada vez menos confiados en la organización, pues pareciera que privilegia una visión política por encima de otras. El problema es que la función que cumple el organismo en el continente no debe desaparecer.
