El juicio antimonopolio de Google, que comenzó la semana pasada, aparentemente se centra en el pasado: en una serie de acuerdos que Google hizo con otras empresas durante las últimas dos décadas. La fiscalía en el caso US et al. contra Google, sostiene que Google gastó ilegalmente miles de millones de dólares pagando a Samsung y Apple para evitar que alguien más se afianzara en el mercado de búsquedas en línea.
Pero el verdadero foco del juicio, al igual que el próximo juicio de la Comisión Federal de Comercio contra la empresa matriz de Facebook, Meta, por cargos de monopolización, está en el futuro. Porque el veredicto establecerá efectivamente las reglas que regirán la competencia tecnológica durante la próxima década, incluida la batalla por la inteligencia artificial comercializada, así como las tecnologías más nuevas que aún no podemos imaginar.
Como sugiere la historia, es poco probable que sepamos exactamente qué nuevas formas de computar un veredicto contra Google dejarían espacio. El camino de la evolución tecnológica no es predecible. Pero sí sabemos que los monopolios tienden a sofocar la innovación y a quedarse con demasiado para sí mismos, y que obligar a un monopolista a dar marcha atrás da frutos.
Hoy en día, Google está interesado y amenazado por la tecnología de grandes modelos de lenguaje de empresas como OpenAI, que desarrolló ChatGPT. Google ha gastado muchos miles de millones de dólares en investigación de IA, incluido el desarrollo de su propio chatbot, Bard, y recientemente se apresuró a incorporar docenas de funciones de IA en sus productos.
En el juicio celebrado en Washington la semana pasada, la fiscalía (que incluye tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales) dejó claro que Google aprovechó su dinero y su poder durante la última década para sofocar la competencia, pagando a empresas como Apple y Samsung miles de millones de dólares para que Google la configuración de búsqueda predeterminada para sus teléfonos. Apple también acordó mantenerse al margen del negocio de Google: el manejo de consultas de búsqueda.
Es por eso que el juez Mehta debería obligar a Google a vender su navegador Chrome (que tiene aproximadamente una participación de mercado del 63%) y prohibir los acuerdos de “pago por defecto” de la compañía con los sistemas operativos para teléfonos Apple y Android. De lo contrario, Google seguramente se verá tentado a usar su dinero y control sobre Chrome para asegurarse de que cualquier rival en el campo de la IA no tenga tanto éxito con sus productos como Google con los suyos propios.
Los casos contra Google y Meta son, en efecto, una forma distintivamente estadounidense de política industrial. Muchos países optan por subsidiar a sus monopolistas tecnológicos, pero Estados Unidos ha demostrado que socavar el dominio de un monopolista puede ser una mejor alternativa. Hacerlo también sirve para controlar lo que quizás sea la forma de poder menos responsable en Estados Unidos, un poder que a veces se siente como una amenaza a la idea de gobierno del pueblo. Estas son algunas de las razones por las que la administración Biden, para la que trabajé durante dos años en política de competencia tecnológica, ha hecho un gran esfuerzo para frenar el poder de las grandes tecnologías.
En última instancia, la función más importante de la ley antimonopolio es reequilibrar el poder económico, controlando los excesos que son consecuencias inevitables de una economía capitalista. Las industrias tecnológicas son propensas al monopolio, pero, como sugiere la historia, pueden ser extraordinariamente generativas cuando se les da el empujón adecuado. El objetivo de la demanda contra Google no es dañar a Google sino obligarlo a dejar paso a la próxima generación de tecnólogos y sus sueños.
(*) Tim Wu es profesor en Derecho y columnista de The New York Times
