Hace 13 años, luego de la brutal represión militar que derivó en el asesinato de más de medio centenar de compatriotas en el llamado “octubre negro” —en especial en El Alto—, el entonces presidente Sánchez de Lozada optó por la renuncia y la fuga. Con ese episodio se cerró un ciclo de la democracia boliviana, asentado en coaliciones entre partidos políticos (MNR, ADN, MIR y acompañantes); tiempo de crisis e inflexión. Desde entonces han cambiado varias cosas: en la política, la sociedad, el Estado, la economía; pero algunas cicatrices permanecen. Una de ellas, la más sensible, tiene que ver con la irrenunciable demanda de justicia (no venganza). Nos referimos al juicio de responsabilidades contra el expresidente y su principal operador en aquel momento: el exministro Carlos Sánchez Berzaín. Ambos radican en EEUU y el trámite de extradición está paralizado. Las luchas en defensa del gas en el aciago 2003 derivaron en la Agenda de Octubre con tres exigencias fundamentales: referéndum sobre el gas, nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente. Todo ello se ha cumplido y es parte del actual proceso de compleja y difícil refundación del Estado. Claro que, en este tiempo, hay otras demandas, nuevas agendas. Pero sobre todo, con la memoria puesta en aquel octubre, está firme la convicción del nunca más.
