Después de varias semanas de conflicto, el proyecto carretero Las Cruces-Buena Vista sigue siendo inviable, a pesar de que es una iniciativa propuesta en 2010, aprobada en 2017, financiada en 2018 y acordada en abril de 2022 entre el Gobierno nacional y el actual Gobernador de Santa Cruz. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de esconder intereses inmobiliarios.
Al parecer, el conflicto tiene que ver, por una parte, con intereses inmobiliarios, según los unos, del Gobierno sobre asentamientos humanos cercanos al trazo de la carretera acordado tiempo atrás; según los otros, de la Gobernación cruceña que esconde un interés de favorecer grandes extensiones de tierra urbanizada con el nuevo trazo que se exige. Ninguna de las partes puede demostrar lo que afirma ni desacreditar completamente la versión del adversario.
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Por otra parte, es evidente que la reclusión del Gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro es el factor que hace inviable cualquier acuerdo entre los gobiernos nacional y departamental de Santa Cruz. Eso explica, entonces, por qué en abril de 2022 el ahora detenido preventivo firmó un acuerdo intergubernativo dando luz verde al proyecto carretero y ahora pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano.
En los hechos, fue recién en octubre de 2022 cuando se planteó la supuesta existencia de acuíferos por debajo de la carretera (que actualmente es un camino de tierra y ripio que se usa hace más de un siglo); para más sospecha, el Comité Cívico pro Santa Cruz, ha intentado convencer a la población de que la palabra “acuífero” es un vocablo típico de la región. Es decir, los actuados del lado cruceñista solo confirman una forma de hacer política basada en la comunicación propagandística y no en hechos o necesidades reales.
Al frente, el Gobierno solo muestra incertidumbre y confusión, habiendo sido incapaz de demostrar no solo que se trata de un proyecto largamente demandado en el departamento oriental, sino que además ha cumplido con el debido proceso para llegar a la fase de ejecución. Prueba de ello es que están comprometidos $us 142 millones a través de sendos créditos de la CAF: Banco de Desarrollo y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID-OPEP). La diferencia ($us 70 millones) debería ser cubierta por la Gobernación cruceña, que al inicio del conflicto afirmó no tener esos recursos.
El resultado es una multimillonaria pérdida económica para el sector productivo a causa de 16 días no consecutivos de bloqueos; la sistemática erosión de la confianza de la población en los representantes de los gobiernos nacional y departamental, y la desaparición de las condiciones necesarias para desarrollar y ejecutar proyectos que más que servir para promover la imagen de tal o cual líder deberían aportar al desarrollo de la sociedad. Ciertamente, como demuestra este caso, las prioridades están trastornadas, y son los gobernados quienes llevan la peor parte.
