Tradicionalmente, los mataderos y las perreras han sido lugares de espanto en el país, en donde los animales son eliminados sin ninguna consideración respecto a su sufrimiento. Sin embargo, en los últimos años estas prácticas han comenzado a ser cuestionadas y denunciadas gracias al alcance de las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que constituye un primer e importante paso para erradicarlas.
Por ejemplo, días atrás, la Alcaldía de Santa Cruz decidió suspender a seis de los ocho funcionarios de la unidad de Zoonosis, luego de que un grupo de activistas diera a conocer la muerte violenta de 11 perros en instalaciones de esa repartición municipal. Según denunciaron los activistas, los canes, que estaban en cuarentena, tenían signos de haber sido ahorcados, unos, y apaleados hasta la muerte, otros.
Afortunadamente, gracias a la presión de la ciudadanía expresada en las redes sociales, tal parece que estos hechos no van a quedar en la impunidad. De todas maneras, acciones de esta naturaleza deberían llamar la atención de propios y extraños, pues ponen en evidencia la ausencia de una institucionalidad en las perreras municipales que garantice la implementación de protocolos establecidos para la eutanasia de animales, así como políticas para controlar la proliferación de perros en las calles.
