En efecto, el juicio contra García Meza y sus colaboradores (algunos de los cuales siguen impunes), calificado como “el juicio del siglo” por sus impulsores, es uno de los hitos en la historia política boliviana contemporánea, pues la sentencia demostró que es posible sancionar con todo el peso de la ley los delitos de lesa humanidad, sin importar el poder relativo del imputado o el tiempo transcurrido desde que se cometieron los crímenes que se juzgan.
Ya en septiembre, cuando el reo cumplió 21 años y seis meses de su condena, el abogado del exdictador informó que se estaba haciendo el trámite necesario para que su defendido goce del beneficio de purgar el resto de su pena en la suite que tiene en el hospital del seguro militar (Cossmil) y donde ha vivido los últimos 10 años, en lugar de hacerlo en su celda en el penal de Chonchocoro. Ya entonces el letrado dejó ver que el objetivo último de esta solicitud era tramitar la libertad condicional del exmilitar, cosa que en efecto intentó en las últimas semanas con el resultado que se menciona más arriba.
En la citada audiencia, el juez explicó que García Meza no cumplió con los requisitos de demostrar vocación para el trabajo y estudio, asumidos en el penal de Chonchocoro, pero abrió la posibilidad de volver a considerar este asunto posteriormente, añadiendo que en la valoración hecha en el penal el reo obtuvo una calificación de 26 puntos sobre 100, lo que demuestra la falta de un comportamiento adecuado y convivencia positiva con los otros reos. El abogado defensor insistió en que por su avanzada edad (87 años), la salud del exdictador corre riesgo si retorna al penal, y agregó que seguirá intentando cumplir con los requisitos legales para obtener la libertad condicional.
A su vez, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), a través de su abogado, el ex Defensor del Pueblo en El Alto, ha explicado que el beneficio que busca el reo no es aplicable puesto que García Meza todavía debe comparecer por otros procesos penales iniciados en su contra, incluyendo uno en Italia y otro en Argentina.
Se trata, pues, de un caso de justicia que podría poner en cuestión (una vez más) al sistema judicial boliviano, que de favorecer al exdictador estaría demostrando que los juzgadores son incapaces de comprender el contexto que rodea a casos como el que se comenta. No se trata de venganza, sino de evitar el olvido y el perdón de esos crímenes.
