En los últimos dos meses, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz se han registrado al menos cinco asaltos protagonizados por falsos policías. En todos los casos los delincuentes portaban uniformes reglamentarios de la Policía Boliviana, evidenciando que hay un floreciente comercio de uniformes e implementos de las fuerzas del orden que posibilitan estos crímenes.
Según se advierte en un reportaje publicado el anterior domingo en este diario, un uniforme de gala de policía, incluyendo zapatos, camisa, corbata y marbetes, cuesta apenas Bs 600. Con un poco más de dinero es posible comprar incluso los grados y la placa. Los lugares para comprar vestimenta y accesorios para cualquiera de las fuerzas policiales son varios y bien conocidos en La Paz y El Alto.
El Ministro de Gobierno ha catalogado esta situación como “preocupante”, pues se sabe que atracos y secuestros son cometidos por “gente que viste prendas policiales” y que “utilizan incluso patrulleros”. Por ello, está de acuerdo con el proyecto presentado semanas atrás por la Policía a la Asamblea Legislativa para establecer un mínimo de tres años de reclusión para quienes vendan o porten el uniforme policial.
Además, en palabras del ministro, debería quedar “terminantemente prohibida la elaboración de ese tipo de prendas” y solamente la Policía debería ser la que autorice su confección. Lo que falta considerar en esa ecuación es el hecho de que si existe tal oferta de vestimenta e implementos, es porque hay una importante demanda que proviene fundamentalmente de los propios efectivos de la institución, cuya dotación es tan insuficiente que los obliga a proveerse por su cuenta de los elementos necesarios para desarrollar su trabajo. Controlar ese mercado implica, pues, mucho más que solo dictar la prohibición.
Junto al mercado de uniformes policiales, los delincuentes han desarrollado el comercio de placas de circulación y luminarias de radiotaxi. Los ya señalados casos de las últimas semanas incluyen una peligrosa combinación de todos ellos, por cuanto falsos policías secuestraron y transportaron a personas también en taxis falsos. Huelga recordar que en el municipio de La Paz existe desde hace años una amplia normativa que especifica medidas de seguridad para los vehículos del transporte de pasajeros, con sucesivas enmiendas y añadidos. A pesar de ello esta normativa no se cumple y tampoco ha logrado evitarse el uso de este medio de transporte para la comisión de delitos. Lo mismo puede decirse de las placas de circulación, cuya entrega depende de los gobiernos municipales, pero el control, de Tránsito.
Se trata apenas de un ejemplo de lo complejo que es el tratamiento de la seguridad ciudadana, que demanda mucho más que normas más o menos coherentes y completas, las que pierden su efectividad por la falta de medios y recursos que aseguren su oportuno cumplimiento.
