De 457 casos abiertos por delitos de trata y tráfico en 2015, solamente cuatro tienen sentencia, una fue absolutoria y las otras tres, condenatorias. Ese es el ejemplo del estado en que se halla la lucha contra estos delitos de lesa humanidad, que aparentemente tienen en Bolivia un buen escenario para desarrollarse por la falta de mejores mecanismos para evitarlos.
Un estudio realizado por la Fundación La Paz en alianza con el Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, titulado Capítulo Bolivia, concluye, a partir de la estadística antes señalada, que existe un “98,3% de impunidad frente a estos delitos”, lo cual demuestra la existencia de una “brecha muy considerable” entre lo que dictan las normas contra la trata y tráfico de personas y lo que las instituciones estatales efectivamente hacen.
El estudio, auspiciado por la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y el Capital Humano y Social Alternativo (CHS-A), detectó seis grandes debilidades en la aplicación de las normas vigentes para combatir este delito, haciendo énfasis en dos de las cinco políticas públicas contenidas en ellas: la protección, atención y reintegración de las víctimas; y la persecución y sanción penal de los delincuentes.
Indagando entre 16 instituciones estatales vinculadas a esta tarea (de las cuales tres no respondieron), los investigadores encontraron siete logros en materia de protección, atención y reintegración de las víctimas de trata; entre ellos el apoyo jurídico ofrecido por el Ministerio de Justicia a cinco casos, la instalación de centros del Ministerio de Salud en Bermejo y la aprobación de un Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico. Sin embargo, se sabe que son las ONG y no el Estado las que dan cobijo, apoyo y orientación a las víctimas. Por otra parte, también se observa “falta de políticas de reinserción de las víctimas” y la escasa articulación entre las diferentes instituciones que tienen que ver con la problemática en los tres niveles gubernativos.
Respecto al ámbito penal, el estudio destaca la implementación de un Sistema Integrado de Gestión de las Causas Penales, pero también el que solo hayan cuatro sentencias para casi 500 casos presentados en 2015, así como la escasa dotación de personal policial (72 efectivos para todo el país) para combatir el tráfico de personas, realizado por mafias de alta peligrosidad. En la misma línea, es escasa la asignación presupuestaria (poco más de Bs 15 millones) así como la capacitación del personal involucrado en las tareas.
Hay, pues, un diagnóstico claro de lo que la investigación periodística ya ha evidenciado: la lucha contra la trata y tráfico de personas, en especial de mujeres y niños, tiene grandes deficiencias en el país y no solamente en las regiones fronterizas. Toca que los responsables hagan algo al respecto.
