El desplome parcial de una de las primeras casas republicanas de la sede de gobierno, debido a las intensas precipitaciones que cayeron el fin de semana y por la falta de mantenimiento, ha puesto nuevamente en la palestra la ausencia de políticas efectivas para conservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Paz, en particular, y del resto de las urbes del país, en general.
La casona afectada se encuentra en una esquina de la plaza Murillo, al lado del Palacio Legislativo, y se estima que fue construida a principios del siglo XVIII. Por su antigüedad y relevancia histórica, fue declarada patrimonio urbano hace varias décadas. Sin embargo, muchas veces tal determinación se traduce en el abandono de los inmuebles, ya que no pueden ser demolidos y, según la categoría, tampoco modificados. Por tanto, algunos propietarios optan por no invertir en su mantenimiento cuando no habitan estas casas o no usufructúan con ellas, esperando a que el tiempo termine de demolerlas y así poder construir nuevas edificaciones.
Y ese justamente parece ser el caso de la casona afectada; pues se desconoce el paradero del actual dueño, y la apoderada, una mujer que reside en ese lugar junto a su hija desde hace 18 años, no tiene los recursos ni tampoco el interés en invertir en un inmueble que no le pertenece. En cuanto a la Alcaldía, según la apoderada, han recibido al menos cinco cartas desde 2013 en las que la municipalidad conmina al dueño a realizar reparaciones para preservar el inmueble patrimonial.
Respecto a estas alertas, que han sido corroboradas por las autoridades municipales, sería deseable que vayan más allá de meras exhortaciones, y se traduzcan más bien en acciones concretas que garanticen e impulsen la preservación de los inmuebles. Y es que no todos los dueños de las casas patrimoniales cuentan con los recursos para su manutención y tampoco con el interés de preservarlos, como ya antes se señaló. De allí que sean incontables los inmuebles que han sido declarados bienes patrimoniales que se encuentran igual de deteriorados que la casona de la plaza Murillo en proceso de desplomarse.
Urge, en este sentido, desarrollar una política pública efectiva orientada a preservar el patrimonio arquitectónico del país, tanto más importante por cuanto resulta fundamental para conservar la identidad de las urbes. Sin embargo, esta política no debiera limitarse únicamente a preservar inmuebles individuales, sino conjuntos urbanos, bajo una visión de conservación integral que considere aspectos materiales, inmateriales y el entorno natural. Y es que, como bien advierte el arquitecto Carlos Villagómez en un artículo publicado en tiempo atrás este diario, solemos “rasgamos las vestiduras por un edificio cuando, cotidianamente, arrasamos nuestros hermosos cerros, contaminamos nuestros ríos y nos cargamos la poca vegetación que este valle andino nos regala”.
